Un total de 5.023 personas fueron detenidas durante las dos semanas en las que estuvo vigente el segundo toque de queda nocturno decretado por el presidente Daniel Noboa en nueve provincias y cuatro cantones del país como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado.
La medida fue aplicada mediante el Decreto Ejecutivo 370 entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, en el marco del estado de excepción y del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
Según el balance presentado por el Bloque de Seguridad y el ministro del Interior, John Reimberg, 717 de los detenidos estarían vinculados con estructuras criminales, mientras que dos capturados fueron identificados como Objetivos de Alto Valor y otros 85 como Individuos de Interés Penal Relevante.
Durante los 15 días de intervención también se ejecutaron 378 allanamientos y se decomisaron 630 armas blancas y de fuego, 3 078 municiones, 1 140 explosivos y 9,2 toneladas de droga.
Además, las autoridades reportaron la incautación de 84.221 galones de combustible, 17 camiones, 14 embarcaciones, 370 retroexcavadoras y USD 9.353 en efectivo.
“La medida permitió intensificar los operativos de control, patrullaje, inteligencia y acciones focalizadas contra estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y economías criminales”, señaló el Gobierno en un comunicado.
En cuanto a movilidad, las fuerzas de seguridad retuvieron 1.039 vehículos y 882 motocicletas durante los operativos ejecutados en las provincias y cantones bajo restricción.
Las autoridades también informaron sobre acciones contra minería ilegal, con la intervención de tres pistas clandestinas, ocho bocaminas, 17 motores fuera de borda y 566 sacos de material aurífero.
El toque de queda rigió desde las 23:00 hasta las 05:00 en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
“El Gobierno Nacional ratifica que las operaciones ejecutadas forman parte de una estrategia integral para recuperar el control de los territorios y debilitar las economías criminales”, añadió el Ejecutivo.
El Gobierno reiteró que con esta medida se busca contener la escalada de violencia criminal registrada en Ecuador, que cerró 2025 con un récord de 9 281 homicidios, según cifras oficiales.
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