Seis policías en servicio activo enfrentan una instrucción fiscal por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tras un operativo ocurrido en el norte de Quito, informó la Fiscalía General del Estado.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el 12 de mayo de 2026. La jueza de la causa dispuso medidas cautelares para los procesados, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
Además, como medida de protección para las víctimas, la magistrada ordenó la emisión de una boleta de auxilio. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de diciembre de 2023 en el parqueadero de un local de comidas ubicado en un centro comercial de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de la capital.
De acuerdo con el expediente fiscal, un grupo de 12 personas, incluidos miembros de una familia y dos menores de edad, regresaba de un recorrido en una “chiva” y buscaba transporte para volver a sus hogares cuando fue intervenido por policías motorizados.
La investigación señala que los uniformados habrían intentado desalojar el sitio y, durante el procedimiento, una motocicleta policial golpeó a una niña que acompañaba al grupo. El reclamo de los familiares habría desencadenado una presunta agresión física por parte de los agentes.
El fiscal del caso sostuvo que las víctimas recibieron golpes de puño, patadas, toletazos y gas pimienta, incluso en presencia de niños.
Entre los procesados constan los sargentos segundos Carlos Marcelo G. A., Sergio David I. P. y Mario Iván R. V.; además de los cabos segundos Anderson Alexis B. S. y Ricardo Alonso C. A., investigados como presuntos autores directos.
Por su parte, el subteniente Jairo Israel F. M., quien habría estado a cargo del operativo, enfrenta cargos como autor omisivo, debido a su presunta responsabilidad de garantizar un correcto procedimiento policial.
Las pericias médico-legales determinaron lesiones en varias víctimas. Uno de los afectados presentó una incapacidad física de entre 30 y 90 días, además de trauma facial y fracturas en una falange y un metacarpiano, según reportes médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La Fiscalía sostiene que durante el procedimiento se habría hecho un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza, al incumplirse principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, precaución y humanidad establecidos en la normativa ecuatoriana. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
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