Luego de que la Policía e Inmobiliar tomaran el departamento del alcalde en la Isla Mocolí, la disputa legal se trasladará a los tribunales el próximo 19 de junio.

El proceso penal por presunto lavado de activos en el denominado caso Goleada entra en una etapa de revisión judicial tras los operativos ejecutados ayer.

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y la Policía Nacional mantienen bajo custodia el departamento del alcalde Aquiles Alvarez.

La defensa técnica del funcionario guayaquileño concentra ahora su estrategia en la próxima diligencia judicial para intentar revertir el desalojo de la familia.

Los detalles de la intervención en Mocolí

La mañana de este viernes, un contingente de uniformados ingresó de forma sorpresiva al departamento 401 del edificio Aqua 1, en Samborondón.

El juez Jairo García autorizó el decomiso, el cual los agentes ejecutaron en un plazo menor a 24 horas desde su emisión oficial.

En el sitio habitaban la esposa del burgomaestre, Fiorella Icaza, sus tres hijos menores de edad y los suegros de la autoridad municipal.

Denuncian afectación a menores y vulnerables

El abogado David Norero, intgrante de la defensa del alcalde, lidera los cuestionamientos públicos contra la celeridad y la forma del operativo.

Norero enfatizó que la medida cautelar perjudica directamente a ciudadanos particulares que no enfrentan ninguna acusación formal dentro de la investigación.

El jurista denunció que el desalojo vulnera los derechos de tres menores de edad y de una persona con discapacidad que residían allí.

Nexos con la comercialización de combustible

La Fiscalía General del Estado fundamenta las incautaciones en un supuesto esquema criminal que conecta con el anterior caso denominado Triple A.

Según el Ministerio Público, el entorno familiar adquirió diversas propiedades con recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles catalogados como sustancias controladas.

El bloqueo judicial abarca también parqueaderos, bodegas, terrenos en Guayaquil y Daule, además de solares registrados a nombre de la firma Fiorema S.A.

Fecha clave en el tribunal

Los representantes legales del alcalde Alvarez cuestionaron que los delegados de Inmobiliar actuaran sin una individualización específica previa de los bienes muebles.

Ante las quejas institucionales, el juez de la causa convocó formalmente a una audiencia pública para el próximo viernes 19 de junio de 2026.

En esa diligencia, los magistrados analizarán los recursos presentados por la defensa y un oficio de aclaración que la propia Policía Nacional solicitó.