La norma fue aprobada por unanimidad con 139 votos, reduce los plazos para los procesos de extradición y pasará al Ejecutivo para su sanción u objeción.

La Asamblea Nacional aprobó este martes, 7 de julio, por unanimidad, la reforma a la Ley de Extradición. De acuerdo con el Parlamento, la normativa busca agilizar la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y facilitar el retorno de quienes son solicitados por las autoridades ecuatorianas.

El proyecto recibió 139 votos a favor de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e independientes, y ahora será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción.

La reforma moderniza una legislación vigente desde hace 26 años e incorpora nuevos procedimientos para las extradiciones activas y pasivas, además de redefinir las competencias de la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería y la Presidencia de la República durante el proceso.

Uno de los principales cambios consiste en la reducción de los plazos para tramitar las solicitudes de extradición. La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, señaló que algunos procesos llegaron a extenderse entre tres y seis años, pese a que la normativa establecía un plazo menor.

La iniciativa fue presentada en julio de 2025 por el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, y responde a la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de 2024, que habilitó la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por otros países.

Debate entre oficialismo y oposición

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado y garantizar mayor seguridad jurídica en los procesos de extradición.

Los legisladores de ADN sostuvieron que la norma incorpora estándares internacionales y mantiene la prohibición de extraditar personas a países donde exista riesgo de pena de muerte, tortura o violaciones a los derechos humanos.

Aunque respaldó el proyecto, la bancada de Revolución Ciudadana manifestó reparos sobre algunos aspectos de la ley. El asambleísta César Palacios afirmó que la extradición, por sí sola, no resolverá los problemas de inseguridad del país y cuestionó que la decisión final recaiga en el presidente de la República.

Pese a esas observaciones, el correísmo votó a favor del proyecto, al considerar que la actualización de la normativa era necesaria. Con la aprobación legislativa, el texto será enviado al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o presenta objeciones antes de su entrada en vigencia.