La exministra de Energía participó por videoconferencia en la Comisión de Fiscalización. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana la acusa de incumplimiento de funciones en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM).

La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, compareció este martes, 14 de julio, de forma telemática ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante el inicio de la fase de práctica de pruebas del juicio político promovido en su contra por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

Aunque inicialmente se esperaba su presencia física, sus abogados, Rafael Oyarte e Ismael Quintana, informaron que la exfuncionaria se encuentra fuera del país, por lo que intervino mediante videoconferencia.

El proceso de fiscalización se centra en la presunta responsabilidad política de Manzano por el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM), que entregó generadores eléctricos usados y con fallas durante la crisis energética de 2024.

Los asambleístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenín Barreto, interpelantes en el juicio, sostienen que la entonces ministra incurrió en un presunto incumplimiento de funciones por sus actuaciones y omisiones durante la ejecución del contrato, que habría ocasionado pérdidas cercanas a USD 70 millones al Estado.

Durante su intervención, Palacios cuestionó la ausencia física de la exministra y afirmó que “la responsabilidad política atribuida a Inés Manzano no se limita a la celebración inicial del contrato, sino principalmente a las actuaciones y omisiones ocurridas durante el ejercicio de sus funciones”.

La legisladora adelantó que la acusación se sustentará en un examen de la Contraloría General del Estado, el informe de minoría de la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen y un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Quito.

Antes del inicio de la diligencia, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, advirtió que no permitirá que el proceso se convierta en un “reality show” y anunció que suspenderá la sesión si se producen insultos o alteraciones del orden.

Como parte de las actuaciones previas, la Comisión también incorporó una nueva prueba documental relacionada con el arbitraje del caso y solicitó al tribunal arbitral la remisión del expediente completo.