Al menos el 53% de las áreas de saneamiento de las instituciones educativas no están en condiciones de recibir a los alumnos, explicó Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Así, advirtió que el retorno presencial y obligatorio a clases presenciales va a provocar un hacinamiento de los niños y jóvenes y, por tanto, esto “no va a permitir que salgamos de esta crisis”. Además, resaltó que, debido a tal hacinamiento, los centros de educación se podrían convertir en focos de contagio del virus Covid-19.
“El retorno es imprescindible, pero se debe garantizar la inmunización de rebaño. No es el momento, estamos conscientes”, resaltó Vargas quien asumió que todas estas preocupaciones ya las remitieron al Ministerio de Educación y al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
“La vida, salud y educación deben ser garantizadas”, agregó la presidenta. Para ello, dijo que es prioritario que el estado asigne el presupuesto correspondiente que ahora mismo sufre un recorte. Así, pidió que la Asamblea Nacional observe el presupuesto que asigna el gobierno al sector de la educación.
La presidenta de la UNE resaltó que dentro del régimen costa, específicamente en El Carmen, tras el retorno a clases presenciales, las autoridades tuvieron que pedir que los alumnos vuelvan a la virtualidad debido a un rebrote de Covid-19. En el caso de la nueva disposición, dijo Vargas, 4,3 millones de estudiantes retornarían a clases juntos.
Más solicitudes
Vargas alertó que las plazas de los 12.300 maestros que se jubilaron en octubre no han sido recuperadas ni han llamado a concurso. Lo que provoca que no se conozca quién va a cubrir estas vacantes.
En otro tema, Vargas ejemplificó que un colegio del sur de Quito, que alberga a 4.000 estudiantes, tan solo tiene ocho baterías sanitarias. Esto impediría el correcto cuidado contra Covid-19. “Ahora hay un plan padrino que no se logró. Son los padres los que están entregando cuotas”, criticó Vargas en referencia al Plan Adopta Una Escuela.
Además, recordó que 1,2 millones de personas pasaron a la pobreza y extrema pobreza cuyos hijos son los que asisten a la educación pública y, por tanto, no están en condiciones para invertir en la bioseguridad que deberá asumirla el estado.
