Un juez dictó prisión preventiva contra el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo y otras cinco personas investigadas por presunto lavado de activos, dentro de un proceso en el que la Fiscalía sostiene que la estructura habría movilizado más de USD 9 millones de origen no justificado y estaría vinculada con actividades de minería ilegal y exportación de oro.
La medida fue adoptada durante la audiencia de formulación de cargos realizada la noche del martes, luego de que el magistrado declarara legal la detención de los seis procesados, capturados el 28 de julio durante un megaoperativo ejecutado en Ponce Enríquez, provincia de Azuay, y Machala, en El Oro.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, Bermeo es señalado como uno de los principales financistas de la organización criminal Los Lobos.
Fiscalía investiga operaciones por más de USD 9 millones
La investigación, denominada caso BB, se inició a partir de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitido el 25 de marzo de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2023 y 2025 los investigados habrían registrado ingresos superiores a USD 9 millones que no guardarían relación con actividades económicas justificables. El Ministerio Público también formuló cargos contra dos empresas presuntamente vinculadas con la estructura investigada.
Indagan minería ilegal y exportación de oro
La Fiscalía sostiene que Bermeo habría desarrollado actividades relacionadas con minería ilegal, facturación irregular y exportaciones de oro sin poder justificar el origen del mineral comercializado.
Para sustentar la investigación, presentó informes de la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), además de información sobre movimientos migratorios, cuentas bancarias y certificaciones que establecen la inexistencia de licencias mineras vigentes.
Dinero, oro y vehículos entre los indicios
Durante los allanamientos, los agentes encontraron más de USD 250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares, vehículos y otros elementos que fueron incorporados como indicios dentro de la investigación.
Como parte de las medidas cautelares, el juez también ordenó la prohibición de enajenar los bienes adquiridos durante el período bajo investigación.




