El legislador por Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, recomendó, como solución a corto plazo frente a la crisis carcelaria, que se tomen medidas como el régimen semiabierto. Así, también indultos para personas que cumplen condenas por delitos menores y llamar la atención por el abuso a la medida de la prisión preventiva.
En ello coincidió el jurista Joffre Campaña quien criticó la aplicación de la privación preventiva. Además, mencionó que el sistema de rehabilitación no permite que el privado de libertad se rehabilite y que existe corrupción en el sistema judicial. Por ello, enfatizó que no existen falencias en el Código Orgánico Integral Penal. Además, criticó que el sistema de justicia no está aplicando lo que determina la Constitución, que la prisión preventiva es «de última ratio».
Campaña también recomendó que se organice, con apoyo de las universidades, una iniciativa para que se soliciten hábeas corpus a favor de los privados de la libertad.
Las Fuerzas Armadas en las cárceles
No existe una política pública con enfoque en derechos humanos y rehabilitación, dijo la abogada especialista en Derechos Humanos, María Dolores Miño. Así, sobre las crisis carcelarias, lamentó que Ecuador recibió llamados de atención desde hace tres décadas para que los privados de la libertad tengan condiciones dignas a lo interno de las cárceles.
Por ello, Miño también recordó que desde los organismos internacionales existe la alerta de la prohibición de ingreso de los militares a las cárceles. Así mismo, señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas para «eliminar al enemigo», en cambio la Policía Nacional forma para neutralizar.
Ello también mencionó Campaña quien resaltó que la línea jurisprudencial sobre las atribuciones de las Fuerzas Armadas en las cárceles ya está marcada desde hace años por la Corte Constitucional. Así, criticó que la asesoría jurídica de la Presidencia no conozca esta línea.
Para Miño, existe una falla generalizada en la comunicación del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Así, criticó que, a pesar que la violencia y crisis carcelaria inició el 12 de noviembre, las autoridades emitieron comentarios el sábado 13 pero para responsabilizar a la Corte Constitucional y no para informar.
Miño mencionó que no existe ausencia en la ley. Por el contrario, alertó que los funcionarios llamados a aplicarla, no lo hacen.
Aleaga explicó que la Asamblea Nacional solicitó la renuncia de los funcionarios públicos responsables de la seguridad en Ecuador. Así mismo, alertó que aún no se conoce cómo el país resarcirá a las familias de los privados de la libertad asesinados que estaban bajo la tutela del Estado.
