El juez anticorrupción Jairo García reinstaló este sábado 15 de agosto la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Goleada.
La diligencia penal investiga el presunto delito de lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su familia y allegados.
El juzgador retomó la sesión de forma telemática tras suspenderla el pasado martes 11 de agosto para otorgar tiempo a la defensa técnica.
La parte acusada expondrá durante esta primera fase los supuestos vicios de nulidad que, a su criterio, afectan la validez del expediente.
Acusaciones de Fiscalía y estructura familiar
El fiscal del caso, Dennis Villavicencio, señala a Aquiles Alvarez y a miembros de su entorno por integrar una supuesta red financiera y comercial.
Según la Fiscalía, la estructura operaba mediante la comercialización irregular de combustibles para blanquear dinero en el sistema económico.
La causa procesa a 26 implicados, divididos en 17 personas naturales y nueve jurídicas, por sus presuntas vinculaciones en la trama.
Entre los procesados figuran la madre del alcalde, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Ycaza; y sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez.
El expediente también incluye a sus primos Andrés y Fernando Viteri, además del asambleísta de la Revolución Ciudadana Raúl Chávez y su hermano Gabriel.
Origen del expediente y detención previa
La investigación penal inició el 10 de febrero de 2026 tras la denuncia del cooperador eficaz y testigo protegido José Cevallos Avellán.
Las autoridades ejecutaron múltiples allanamientos en Guayas por presunta delincuencia organizada enfocada en lavado de activos y defraudación tributaria.
Aquiles Alvarez resultó detenido en esos operativos iniciales y permanece recluido actualmente en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Para la diligencia de este sábado, los agentes trasladaron al alcalde desde el penal hasta la Unidad Judicial del cantón La Libertad.
Motivos de los diferimientos procesales
La audiencia sufrió cinco diferimientos previos y una suspensión inmediata el pasado martes tras durar menos de una hora en estrados.
La interrupción ocurrió porque la procesada Gioconda Henriques cambió de defensor de forma imprevista antes de instalar la sesión.
El nuevo abogado, Josué Salinas Pérez, y su colega Bryan Barrera alegaron que asumieron el patrocinio legal apenas el 10 de agosto.
Los defensores argumentaron ante el juez la imposibilidad técnica de revisar el expediente masivo en pocas horas para garantizar la defensa.
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