Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 10 nuevos procesados en el caso Progen, que investiga un presunto delito de peculado en los contratos de generación eléctrica de emergencia para Salitral y Quevedo. Con estas vinculaciones, la causa ya suma 31 investigados.

La decisión fue adoptada por el magistrado nacional Rodrigo Sarango. Los nuevos procesados son José A., Cristhian D., Daniela G., Luis U., Marlon C., José S., Marcos G., José M., Peter D. y José D. Para todos ellos se dispuso prisión preventiva.

La Fiscalía investiga una presunta cadena de irregularidades en los contratos que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) suscribió con Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.

Dos exfuncionarios estarían fuera de Ecuador

Entre los nuevos procesados están Peter Christian Dreher Pozo, exasesor del Ministerio de Energía, y José Manuel de Oliveira Allu, excoordinador general jurídico de esa cartera.

Según la información expuesta en el proceso, ambos estarían fuera de Ecuador. Por esta razón, además de ordenar su prisión preventiva, el juez dispuso realizar las gestiones para su localización internacional.

Dreher se desempeñó como asesor durante las administraciones de Roberto Luque y Antonio Gonçalves, mientras De Oliveira estuvo al frente de la Coordinación General Jurídica entre abril y diciembre de 2024. Ese periodo coincide con el desarrollo de los procesos relacionados con las centrales de Salitral y Quevedo.

Caso Progen ya suma 31 procesados

Con las nuevas vinculaciones, el número de procesados aumentó a 31 y la instrucción fiscal fue ampliada durante otros 30 días. Entre los vinculados también consta Cristhian Dahik, exsubgerente jurídico de Termopichincha, relacionado por Fiscalía con la revisión de la oferta de Progen y la elaboración de los contratos.

Además están funcionarios y exfuncionarios que participaron en áreas de administración contractual, operaciones, planificación y asesoría jurídica, así como José Walther Manrique Suárez, representante de Progen en Ecuador.

Fiscalía sostiene que los investigados habrían intervenido, desde sus respectivas competencias, para evadir u omitir procedimientos legales y favorecer a Progen durante las etapas precontractual, contractual y de ejecución.

Fiscalía investiga pagos superiores a USD 104 millones

Los contratos investigados fueron suscritos durante la emergencia energética de 2024. El correspondiente a Salitral ascendió a USD 99,4 millones y el de Quevedo a USD 49,7 millones, para un total de USD 149,1 millones.

Según la tesis fiscal, pese a que Progen habría entregado generadores inoperativos, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos, se efectuaron pagos anticipados superiores a USD 104 millones. Fiscalía calcula un presunto perjuicio para el Estado de aproximadamente USD 104,4 millones.

La investigación también analiza una posible manipulación de informes técnicos, prórrogas injustificadas, omisiones en los procesos de fiscalización e intervenciones informales que habrían permitido los desembolsos.

Además de la prisión preventiva, el juez dispuso para los nuevos procesados retenciones de aproximadamente USD 27.600 y prohibiciones de enajenar bienes por cerca de USD 4,97 millones para cada uno.

El presunto delito de peculado investigado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de 10 a 13 años de prisión.

Exfuncionario rechaza acusaciones y defiende su actuación

José Manuel De Oliveira Allú, excoordinador general jurídico del Ministerio de Energía y Minas y uno de los diez nuevos procesados en el caso Progen, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no tuvo participación en las fases precontractual, contractual ni de ejecución de los contratos para las centrales de Quevedo y Salitral.

De Oliveira difundió un comunicado después de que la Justicia ordenara prisión preventiva en su contra dentro de la investigación por presunto peculado relacionada con los contratos que Celec suscribió con Progen Industries durante la crisis eléctrica de 2024.

El exfuncionario, quien según la información expuesta dentro del proceso estaría fuera de Ecuador, sostuvo que continuará defendiendo su inocencia ante la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia.

El excoordinador jurídico aseguró que su defensa cuenta con documentación, pericias y certificaciones de Celec que, según su versión, demostrarían que no intervino en los procesos de contratación de Quevedo y Salitral. “La pericia en contratación pública, las versiones y certificaciones de CELEC permiten establecer que no tuve participación alguna en las fases precontractual, contractual o de ejecución”, señaló.

De Oliveira también negó haber participado en la elaboración o aprobación de los contratos. La Fiscalía, en cambio, sostiene que los nuevos procesados habrían actuado desde sus respectivas competencias para evadir u omitir procedimientos legales y favorecer a Progen Industries.

De Oliveira se refirió específicamente a la Circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, que, según señaló, ha sido utilizada para relacionarlo con las contrataciones. Explicó que el documento establecía un mecanismo previo para verificar que el régimen de emergencia fuera utilizado en la contratación de bienes y servicios destinados a enfrentar la crisis eléctrica.

Según su versión, esa intervención terminaba una vez realizada la verificación y no otorgaba a la Coordinación Jurídica participación en las posteriores etapas de contratación.

Además, afirmó que en los casos de Quevedo y Salitral ese mecanismo ni siquiera se habría activado. “CELEC nunca sometió a la Coordinación Jurídica, al amparo de la circular, consulta o solicitud alguna para su análisis o aprobación”, sostuvo.

El exfuncionario también citó declaraciones atribuidas al exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, y a Daniela Gordillo, otra de las nuevas procesadas. Según De Oliveira, ambos habrían señalado que las reuniones mantenidas con él se realizaron en las oficinas de la Coordinación Jurídica y que no recibieron instrucciones relacionadas con prórrogas o con la ejecución de los contratos.

También rechazó que los correos electrónicos en los que aparecía copiada su dirección institucional prueben una intervención en las contrataciones. Explicó que parte de esas comunicaciones estaban relacionadas con una delegación otorgada a la Coordinación Jurídica para atender requerimientos de información de instituciones públicas.

De Oliveira también cuestionó el tratamiento público que ha recibido el caso y aseguró que durante meses ha enfrentado un deterioro de su reputación. “No pretendo librar una batalla mediática ni sustituir con declaraciones públicas aquello que corresponde determinar a la justicia”, manifestó.

Al final de su pronunciamiento cuestionó tanto la prisión preventiva dictada en su contra como la imposición de un abogado defensor, aunque no proporcionó en el comunicado mayores detalles sobre las circunstancias de esta última afirmación. “Seguiré defendiendo mi inocencia ante la Fiscalía y la Corte Nacional, que son los espacios en los que corresponde hacerlo”, concluyó.

De Oliveira forma parte de los diez nuevos vinculados al caso Progen, con los cuales la investigación por presunto peculado llegó a 31 procesados. Fiscalía calcula un presunto perjuicio de aproximadamente USD 104,4 millones relacionado con los contratos de generación eléctrica de emergencia.