David Alexander Tapia Zambrano

Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más agudas de su historia, un escenario donde la violencia ha dejado de ser un titular ocasional para convertirse en una dolorosa cotidianidad.

Ante el desborde del crimen organizado, la pregunta que surge en la opinión pública y en las esferas de toma de decisiones es casi un reflejo condicionado: ¿Nos faltan policías?

La respuesta, sorprendentemente, es un rotundo NO en las matemáticas, pero un trágico SÍ en la realidad operativa.

El debate actual no debe centrarse en cuántos uniformados tenemos, sino en dónde están, cómo están distribuidos y a quién responden.

El espejismo de las cifras internacionales

Si miramos estrictamente el papel, Ecuador es un alumno aventajado. Con aproximadamente 57.054 servidores policiales en servicio activo para una población de 18,1 millones de habitantes, el país registra una tasa promedio de 317 policías por cada 100.000 habitantes.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sugiere un estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes para asegurar coberturas mínimas de prevención.

Matemáticamente hablando, Ecuador no solo cumple la meta, sino que la supera con un superávit de casi 2.700 servidores.

Sin embargo, en las calles, la capacidad operativa real nos cuenta otra historia. Existe una insuficiencia operativa, objetiva y verificable que ha obligado al Estado a recurrir al apoyo militar.

La institución está desbordada, pero no por falta de personal general, sino por una deficiente planificación logística y una distribución geográfica que roza el absurdo.

Una brújula averiada: la mala distribución territorial

El principal talón de Aquiles de nuestra estrategia de seguridad es cómo distribuimos nuestras fuerzas. Vivimos una desconexión total entre el mapa del delito y el mapa policial:

• Superávit en el remanso: Zonas de menor intensidad delictiva en la Sierra, como Quito, y la Amazonía concentran una cantidad excesiva de personal. Solo en la capital existe un exceso cercano a los 8.000 uniformados, superando por mucho los estándares técnicos.

• Déficit crítico en las trincheras: Mientras tanto, en los cantones más castigados por el narcotráfico en la Costa, como Durán, Daule o varios sectores de Manabí, la tasa de policías cae drásticamente a 139 por cada 100.000 habitantes; es decir, menos de la mitad de lo que exige la ONU. Nuestras unidades están numéricamente desprotegidas justo donde se libra la verdadera guerra.

El resultado de este desbalance es escalofriante. La tasa de muertes violentas ha alcanzado picos históricos de hasta 50,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando al país entre los más peligrosos de América Latina.

En criminología, una tasa de 10 ya es considerada una epidemia; Ecuador hoy quintuplica ese límite.

El enemigo en casa: infiltración y crisis de calidad

Pero el problema no es solo de ubicación; es también moral e institucional. El crimen organizado transnacional ha utilizado su poder económico para perforar la estructura policial.

Hoy enfrentamos fugas de información que alertan a cabecillas antes de los operativos y alteraciones de historiales para ascender a elementos corruptos.

Más grave aún es el tráfico de armas desde los propios rastrillos estatales hacia las bandas, o la participación directa de oficiales activos en la protección del narcotráfico, extorsiones y robo de combustible.

A esto se suma la precarización del servicio. La urgencia política de incorporar miles de policías rápidamente para mostrar resultados, socavando los filtros de confianza —polígrafos, perfiles psicológicos y auditorías— y redujo los tiempos de formación.

Hoy tenemos agentes en la calle con una crónica falta de equipamiento tecnológico, chalecos balísticos caducados y patrulleros obsoletos, enfrentándose en severa desventaja táctica a mafias equipadas con fusiles de guerra.

Conclusión general: la ruta para refundar la seguridad

Ecuador está atrapado en una paradoja: tiene los policías necesarios, pero carece de la estrategia para usarlos.

Militarizar permanentemente las calles es apenas el síntoma de un sistema policial fragmentado y no una solución a largo plazo.

La salida de esta crisis no requiere graduar policías masivamente para llenar cuotas políticas. Requiere una reestructuración técnica urgente basada en tres ejes innegociables:

1. Redistribución técnica inmediata: Hay que mover el músculo operativo. Los excedentes de personal concentrados en las zonas pacíficas de la Sierra deben ser reubicados directamente en los distritos críticos de la Costa.

2. Depuración profunda e interna: Es urgente limpiar la casa. Se deben implementar auditorías patrimoniales constantes y severas, acompañadas de pruebas de confianza rigurosas, para extirpar a los elementos infiltrados por los cárteles.

3. Justicia institucional contundente: El marco legal debe cambiar. Un mal elemento que arma o protege a las mafias no puede recuperar su libertad con penas irrisorias. La impunidad interna debe terminar.

No necesitamos simplemente más policías; necesitamos una mejor Policía.

Es hora de dejar de jugar con los números en el papel y empezar a recuperar, con estrategia y transparencia, el control del país.