El Pleno del Consejo de la Judicatura suprimió tres juzgados especializados en casos de corrupción y redistribuyó las causas en unidades penales de Quito.
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 para reestructurar la administración de justicia especializada en Ecuador.
La medida adoptada este 7 de septiembre elimina la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala de la Corte Provincial enfocados en anticorrupción y crimen organizado.
Las competencias técnicas nacionales pasarán a las judicaturas penales ordinarias ubicadas en las parroquias Iñaquito y Mariscal Sucre, en el norte de Quito.
Baja carga procesal motivó la decisión
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Gestión Procesal sustentó la decisión unánime del organismo rector de la Función Judicial.
El análisis del sistema SATJE demostró que los juzgados especializados registraban una carga procesal baja en comparación con otros despachos penales.
La reestructuración incrementará el número de juzgadores disponibles para procesar delitos complejos, pasando de 35 a más de 50 magistrados activos.
Las dependencias receptoras modificarán sus nombres oficiales para incluir sus nuevas atribuciones en corrupción, delincuencia organizada, extinción de dominio y delitos financieros.
Asignación de competencias y causas pendientes
La Unidad de Garantías Penales de Iñaquito tramitará las causas desde la instrucción hasta la etapa preparatoria de juicio con alcance a escala nacional.
El Tribunal Penal de Iñaquito asumirá los juzgamientos, mientras que la unidad flagrante de La Mariscal atenderá las detenciones iniciales durante las 24 horas.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolverá las apelaciones, los recursos de fuero y los procesos de extinción de dominio.
Los jueces de los despachos eliminados concluirán los juicios que tengan audiencias instaladas, suspendidas o con fallos pendientes de notificación.
La Escuela de la Función Judicial capacitará a los nuevos administradores de justicia en normativa internacional, tipologías financieras y combate al lavado de activos.
La resolución derogó los actos administrativos de 2021 y 2022 que crearon la arquitectura judicial especializada y entró en vigor de forma inmediata.
Relatora de ONU expresa preocupación por la medida
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este martes su preocupación por la supresión de la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado que, según señaló, ya funcionaba al 50 % de su capacidad tras la suspensión de tres jueces.
La funcionaria de la ONU se pronunció a través de sus redes sociales y advirtió que la decisión ocurre mientras el Consejo de la Judicatura mantiene declarada una emergencia judicial debido al déficit de jueces. “Recibo con preocupación la noticia de que la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, que ya operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces, ha sido suprimida”, señaló Satterthwaite.
Satterthwaite recordó que los estándares internacionales establecen la obligación de los Estados de garantizar los recursos y la capacidad suficientes para que los tribunales puedan administrar justicia de manera efectiva.
La relatora consideró que, bajo las actuales condiciones del sistema judicial ecuatoriano, cualquier medida que pueda reducir adicionalmente su capacidad requiere una revisión especial. “En este contexto, las medidas que afecten aún más la capacidad del poder judicial merecen un escrutinio particular”, manifestó.
La representante de Naciones Unidas también se refirió a las suspensiones y procedimientos disciplinarios que involucren a jueces, así como a las reestructuraciones institucionales dentro de la Función Judicial.
Satterthwaite señaló que cualquier decisión de este tipo debe respetar la independencia judicial, el debido proceso y las garantías destinadas a impedir interferencias arbitrarias. “Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias”, afirmó.
El pronunciamiento pone nuevamente bajo observación internacional la situación de la Función Judicial ecuatoriana, en momentos en que enfrenta un déficit de magistrados y cambios en su estructura.
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