El Pleno del Consejo de la Judicatura suprimió tres juzgados especializados en casos de corrupción y redistribuyó las causas en unidades penales de Quito.
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 para reestructurar la administración de justicia especializada en Ecuador.
La medida adoptada este 7 de septiembre elimina la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala de la Corte Provincial enfocados en anticorrupción y crimen organizado.
Las competencias técnicas nacionales pasarán a las judicaturas penales ordinarias ubicadas en las parroquias Iñaquito y Mariscal Sucre, en el norte de Quito.
Baja carga procesal motivó la decisión
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Gestión Procesal sustentó la decisión unánime del organismo rector de la Función Judicial.
El análisis del sistema SATJE demostró que los juzgados especializados registraban una carga procesal baja en comparación con otros despachos penales.
La reestructuración incrementará el número de juzgadores disponibles para procesar delitos complejos, pasando de 35 a más de 50 magistrados activos.
Las dependencias receptoras modificarán sus nombres oficiales para incluir sus nuevas atribuciones en corrupción, delincuencia organizada, extinción de dominio y delitos financieros.
Asignación de competencias y causas pendientes
La Unidad de Garantías Penales de Iñaquito tramitará las causas desde la instrucción hasta la etapa preparatoria de juicio con alcance a escala nacional.
El Tribunal Penal de Iñaquito asumirá los juzgamientos, mientras que la unidad flagrante de La Mariscal atenderá las detenciones iniciales durante las 24 horas.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolverá las apelaciones, los recursos de fuero y los procesos de extinción de dominio.
Los jueces de los despachos eliminados concluirán los juicios que tengan audiencias instaladas, suspendidas o con fallos pendientes de notificación.
La Escuela de la Función Judicial capacitará a los nuevos administradores de justicia en normativa internacional, tipologías financieras y combate al lavado de activos.
La resolución derogó los actos administrativos de 2021 y 2022 que crearon la arquitectura judicial especializada y entró en vigor de forma inmediata.
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