Estados Unidos prohibió el ingreso a siete exfuncionarios ecuatorianos por su presunta participación en “actos de corrupción significativa” relacionados con organizaciones consideradas terroristas por Washington, informó este jueves 10 de septiembre el Departamento de Estado.

La medida alcanza también, por regla general, a los familiares directos de los sancionados y se conoce un día después de la visita a Ecuador del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien anunció nuevas acciones de cooperación contra el crimen organizado.

Los siete exfuncionarios están relacionados con los casos Metástasis y Purga, investigaciones que revelaron presuntos vínculos entre estructuras criminales, operadores políticos y funcionarios del sistema judicial ecuatoriano.

¿Quiénes son los siete exfuncionarios?

La decisión de Estados Unidos alcanza a Pablo Ramírez, exdirector de la autoridad penitenciaria y procesado en el caso Metástasis; Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado en ese caso; y Ronaldo Guerrero, exjuez penal procesado en la misma causa.

También incluye a Pablo Muentes, exasambleísta condenado en el caso Purga; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y sentenciada en ese proceso; Johann Medina, exjuez penal relacionado con Purga y Metástasis; y Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas y sentenciada en Metástasis.

Gobierno estadounidense los vincula con organizaciones narcoterroristas

El Departamento de Estado sostuvo que Ramírez, Terán y Guerrero abusaron de sus cargos al aceptar sobornos de bandas relacionadas con organizaciones calificadas por Washington como narcoterroristas.

“A cambio de dichos sobornos, estos funcionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales o públicos en favor de bandas ecuatorianas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos”, señaló la entidad estadounidense.

Respecto a Muentes, Gallardo, Medina y Salazar, Washington afirmó que “interfirieron en procesos judiciales” para favorecer a organizaciones que identifica como narcoterroristas, entre ellas Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, así como a sus facilitadores.

Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial del Gobierno estadounidense sobre las razones que sustentan las restricciones migratorias.

Washington endurece medidas contra estructuras ecuatorianas

El Departamento de Estado aseguró que las actuaciones atribuidas a los siete exfuncionarios tuvieron consecuencias para la seguridad estadounidense al favorecer el narcotráfico.

La medida se anuncia después de la visita de Rubio a Quito, durante la cual Washington reforzó su estrategia contra las organizaciones criminales transnacionales que operan desde Ecuador.

Rubio anunció además nuevas acciones de cooperación, entre ellas la solicitud al Congreso estadounidense de USD 45 millones adicionales para combatir el crimen organizado y USD 10 millones contra la minería ilícita.

Estados Unidos también prevé entregar a Ecuador un buque de la Guardia Costera de 110 pies y cinco interceptores adicionales para reforzar las operaciones marítimas.