Con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 15 de septiembre, el informe de fiscalización sobre presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad y acceso al sistema de videovigilancia administrado por Segura EP en Guayaquil. La resolución será remitida a la Fiscalía, Contraloría y Superintendencia de Protección de Datos Personales.
El documento fue elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que investigó el funcionamiento de la plataforma de videovigilancia y la presunta instalación de una denominada “sala espejo” en dependencias del Municipio de Guayaquil.
La presidenta de la Comisión y ponente del informe, Inés Alarcón, sostuvo ante el Pleno que existen hechos que deben ser investigados por las autoridades competentes y señaló posibles vulneraciones relacionadas con el acceso y utilización de información obtenida mediante infraestructura pública.
Informe analiza presunta “sala espejo” en Guayaquil
Uno de los elementos analizados corresponde a un correo enviado el 20 de noviembre de 2024 por el director de Segura EP para la instalación de una “sala espejo” en el Palacio Municipal de Guayaquil, específicamente en la Dirección de Aseo Cantonal.
Según las conclusiones de la mesa legislativa, no se encontró una resolución del Directorio, delegación u otro documento que justificara la instalación de esa sala ni la habilitación de sus accesos.
La Comisión sostiene que ese espacio habría sido utilizado para actividades diferentes a las funciones de seguridad asignadas a la empresa pública. El informe también aborda un audio en el que, según la documentación analizada por los legisladores, intervienen funcionarios y actores políticos.
Alarcón afirmó que estos hechos ya son investigados por la Fiscalía por una posible asociación ilícita. La Comisión considera que también podrían existir elementos relacionados con otros eventuales delitos, entre ellos acceso no consentido a información personal y peculado por la presunta utilización de recursos públicos para fines particulares. Estas posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Asamblea remitirá informe a Fiscalía y Contraloría
Con la resolución aprobada, la Asamblea dispuso enviar el documento a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y Superintendencia de Protección de Datos Personales, para que profundicen las investigaciones dentro de sus respectivas competencias.
Además, el Pleno dispuso que el ECU 911 fortalezca la actualización del registro y catastro de sistemas, plataformas, puntos de monitoreo e infraestructura interoperable administrada por los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas.
Segura EP, por su parte, fue exhortada a reforzar los controles para que todos los usuarios de sus sistemas de videovigilancia estén identificados y sus permisos respondan a necesidades institucionales previamente autorizadas.
La empresa también deberá garantizar que las operaciones efectuadas en sus plataformas queden registradas de manera íntegra, trazable y auditable.
Entidades deberán informar acciones en 30 días
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral realizará el seguimiento de la resolución y solicitará a las instituciones involucradas que informen, dentro de un plazo de 30 días desde la notificación, sobre las acciones y medidas adoptadas.
Durante el debate intervinieron 12 legisladores. La resolución obtuvo 85 votos favorables. Según la información difundida sobre la sesión, contó con el respaldo de ADN y sus aliados, mientras que legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra.
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