La captura en Colombia de Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, permitirá reanudar el juicio que permanecía suspendido para ambas dentro del caso Blanqueo Fito, informó la Fiscalía General del Estado. Las dos mujeres están procesadas por presunto lavado de activos y permanecían prófugas desde que fueron llamadas a juicio.
Peñarrieta y Macías fueron detenidas este domingo, 27 de septiembre, en Colombia. Ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana y tenían una notificación roja de Interpol.
La Fiscalía explicó que, con su captura, podrá continuar la etapa judicial que no había podido desarrollarse respecto de ellas debido a que el delito de lavado de activos no puede ser juzgado en ausencia.
Juicio permanecía suspendido desde marzo
En marzo de 2026, la jueza que conoció la causa llamó a juicio a 17 personas y cuatro empresas por su presunta participación en lavado de activos. Sin embargo, el proceso quedó suspendido respecto de Peñarrieta y Macías porque no se encontraban a disposición de la justicia.
“En marzo de 2026, fueron llamadas a juicio; sin embargo, esta etapa estaba suspendida para ellas, pues estaban prófugas. Tras su captura, el proceso penal se reanudará”, informó la Fiscalía.
La detención cambia así la situación procesal de las dos mujeres y permitirá que comparezcan dentro de la causa. La Fiscalía no precisó en la información difundida cuándo se instalará la audiencia para continuar el juicio.
¿Qué investiga el caso Blanqueo Fito?
El caso se inició el 3 de abril de 2024, cuando la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía abrió una investigación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El reporte advertía sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con el círculo familiar de alias ‘Fito’, identificado por la Fiscalía como cabecilla de Los Choneros.
Según la tesis de la Fiscalía, el entorno familiar de Macías habría utilizado el sistema financiero para introducir recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas. La institución relaciona el origen de esos fondos con delitos como narcotráfico, microtráfico, secuestro, extorsión, sicariato y robo, entre otros. Estas acusaciones forman parte de la teoría del caso presentada por el Ministerio Público.
Fiscalía señala movimientos por USD 17,3 millones
Una parte del proceso ya terminó con sentencias. El 28 de mayo de 2026, un tribunal condenó a seis personas y dos empresas por lavado de activos. Cinco de los procesados recibieron penas de 10 años de prisión y otro fue sentenciado a siete años.
Para las dos personas jurídicas involucradas, el tribunal ordenó su disolución y liquidación. También estableció una multa equivalente al triple del monto determinado como lavado.
Durante ese proceso, la Fiscalía sostuvo que entre 2016 y 2024 se blanquearon USD 17,3 millones a través del Sistema Financiero Nacional.
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