Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump entregar, en un plazo de 14 días, el memorando que contiene la justificación jurídica utilizada para respaldar los ataques militares contra embarcaciones señaladas de estar vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

La decisión fue emitida el miércoles 30 de septiembre por el juez Paul Engelmayer, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, dentro de un proceso iniciado para conocer los fundamentos legales empleados por la Administración estadounidense.

El magistrado dispuso que el documento sea entregado al tribunal para una revisión privada —conocida como in camera— antes del 14 de octubre. Esto no implica, por ahora, que el memorando vaya a ser divulgado públicamente.

¿Qué documento deberá entregar el Gobierno?

Se trata de una opinión elaborada por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia, utilizada por el Ejecutivo como fundamento jurídico para los ataques contra embarcaciones.

El tribunal determinó que el Departamento de Defensa ha tratado el memorando como una referencia efectiva para su política y actuación respecto de estas operaciones. El juez rechazó además varios de los argumentos presentados por el Gobierno para mantener el documento bajo reserva.

La Administración deberá proporcionar también información adicional sobre quiénes tuvieron acceso al memorando y de qué manera fue utilizado, elementos que servirán al tribunal para decidir posteriormente si el documento puede permanecer protegido o debe ser divulgado.

Más de 70 ataques desde 2025

Las operaciones estadounidenses contra embarcaciones comenzaron en septiembre de 2025. La demanda que busca acceder al memorando cuestiona la base jurídica empleada por el Ejecutivo para recurrir a fuerza militar letal contra personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Administración Trump ha defendido públicamente la legalidad de las operaciones y ha argumentado que se desarrollan en el contexto de un supuesto conflicto armado con organizaciones vinculadas al narcotráfico. Organizaciones de derechos civiles y expertos jurídicos han cuestionado esa interpretación.

Organizaciones recurrieron a la justicia

El proceso surgió después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales buscaran acceder al documento mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Las organizaciones acudieron posteriormente a los tribunales para solicitar la divulgación de la opinión jurídica. El litigio continúa y la orden de Engelmayer constituye un paso previo a una decisión sobre si el documento deberá hacerse público.

Fuente: EFE