Con 144 votos a favor, el Legislativo aprobó reformas que elevan hasta 35 años las penas por trata de personas, sancionan el matrimonio forzoso y fortalecen la protección de las víctimas.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 144 votos, las reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que contemplan penas de hasta 35 años de prisión, la incorporación del matrimonio forzoso como delito y nuevas medidas para combatir las redes de explotación.
La decisión se adoptó este martes, 20 de octubre, durante la sesión 132 del Pleno, en la que se desarrolló el segundo debate del proyecto impulsado desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
La iniciativa modifica disposiciones de la legislación vigente desde febrero de 2023 e introduce cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación y sanción de estos delitos. El texto aprobado será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción, conforme al procedimiento constitucional.
Penas por trata de personas llegarán hasta 35 años
Uno de los principales cambios es el endurecimiento de las sanciones penales por trata de personas, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables o sufren consecuencias graves. Las penas contempladas en la reforma son:
- De 19 a 22 años de prisión: para el tipo básico de trata de personas previsto en la reforma.
- De 22 a 26 años: cuando la víctima pertenezca a un grupo de atención prioritaria, se encuentre en doble vulnerabilidad o exista una relación familiar, afectiva, de dependencia o autoridad con el agresor.
- De 26 a 30 años: cuando el delito provoque lesiones, enfermedades o daños físicos o psicológicos graves, permanentes o irreversibles.
- De 30 a 35 años: cuando la trata de personas ocasione la muerte de la víctima.
La normativa también incorpora la servidumbre de la gleba, una forma de explotación vinculada a la subordinación y dependencia de trabajadores respecto de la tierra o de quienes ejercen control sobre ella.
Además, refuerza la protección de niñas, niños y adolescentes al establecer que, cuando las víctimas sean menores de edad, no será necesario demostrar amenazas, violencia o engaño para configurar el delito de trata de personas.
Este cambio responde, entre otros fundamentos, a la sentencia 1072-21-JP/24 de la Corte Constitucional, relacionada con el caso Furukawa.
Matrimonio forzoso será castigado con prisión
Otra de las reformas relevantes es la incorporación del matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada como delitos autónomos en el COIP.
La disposición establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes, mediante violencia, amenazas, intimidación, engaño u otras formas de coacción, obliguen a una persona a contraer matrimonio o establecer una unión de hecho sin su consentimiento libre e informado.
La misma sanción se aplicará cuando una persona sea trasladada fuera de Ecuador, retenida en el extranjero o se le impida regresar al país con la finalidad de forzar una unión. Las penas aumentarán de cinco a siete años cuando existan circunstancias agravantes, entre ellas:
- Que la víctima sea menor de 18 años.
- Que la persona afectada no pueda expresar libremente su voluntad o comprender el significado de la unión.
- Que el responsable sea un familiar, tutor, cuidador o alguien que ejerza autoridad o poder sobre la víctima.
- Que exista una relación de dependencia económica respecto del agresor.
Fiscalía podrá rastrear bienes de redes criminales
La reforma también incorpora herramientas para investigar las ganancias obtenidas mediante la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
La Fiscalía General del Estado podrá impulsar investigaciones financieras y patrimoniales con base en informes de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Estas acciones buscarán identificar, rastrear, inmovilizar y recuperar activos relacionados con las actividades ilícitas, incluso mediante mecanismos de cooperación con autoridades de otros países.
El objetivo es intervenir no solo en la persecución de los responsables, sino también en las estructuras económicas que sostienen estas redes.
Reformas incluyen prevención de captación por internet
Frente al uso de redes sociales y plataformas digitales para captar víctimas, el proyecto incorpora nuevas medidas de prevención y denuncia.
Entre ellas se contempla la implementación de una línea digital de denuncia anónima y gratuita, así como mecanismos para detectar ofertas engañosas y alertar sobre posibles situaciones de explotación.
El Ministerio de Educación deberá incorporar campañas informativas sobre los riesgos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con énfasis en seguridad digital y mecanismos de protección.
Las instituciones que reciban denuncias deberán evaluar su urgencia y remitirlas oportunamente a los servicios de protección o a las autoridades investigativas competentes.
Víctimas recibirán protección sin depender del proceso penal
El proyecto aprobado establece garantías de atención médica, asistencia jurídica y protección integral para las víctimas, sin condicionar estos servicios a su participación en una investigación o juicio.
También contempla una evaluación obligatoria de riesgos antes de ejecutar retornos asistidos, con el propósito de evitar que las personas sean trasladadas a lugares donde puedan enfrentar nuevas amenazas.
En materia institucional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán incorporar acciones de prevención, protección y atención a víctimas en sus instrumentos de planificación y presupuesto, además de reportar semestralmente su cumplimiento.
La reforma dispone la creación de mesas técnicas especializadas en prevención, asistencia a víctimas y seguimiento de investigaciones judiciales.
Reforma obtuvo respaldo unánime en la Asamblea
La iniciativa fue tramitada por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por la legisladora Lucía Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN).
Durante el debate intervinieron representantes de distintas bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar las herramientas legales frente a la explotación de personas y las redes criminales transnacionales.
El proyecto recibió el respaldo de los 144 asambleístas presentes, incluidos legisladores de ADN, Revolución Ciudadana, Pachakutik, Partido Social Cristiano e independientes.
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