El alcalde de Quito aseguró que su administración enfrenta cientos de procesos legales y cuestionó los ataques a la reputación de los funcionarios.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, denunció con firmeza la judicialización de la política en contra del cabildo capitalino durante la sesión 228 del Concejo Metropolitano. El burgomaestre sostuvo que estas acciones buscan entorpecer la gestión institucional y arremetió contra actores políticos externos que actúan como denunciantes.
Muñoz afirmó que toda la corporación municipal mantiene la disposición de abrir las puertas a la Contraloría, Fiscalía y demás órganos de control técnico. Asimismo, criticó el impacto de los señalamientos mediáticos y digitales en la reputación de los servidores públicos y sus familias.
687 acciones legales y control de entidades
Mediante una infografía, el alcalde detalló que su administración ha debido soportar un total de 687 acciones legales y administrativas impulsadas por siete instituciones del Estado desde el año 2023.
El informe municipal detalla 514 exámenes y solicitudes de información por parte de la Contraloría —lo que representa un incremento del 300 % frente a periodos pasados— y 28 pedidos de información remitidos por la Asamblea Nacional, cifras que el funcionario atribuyó a una estrategia de hostigamiento político.
Resolución del Concejo Metropolitano
En el marco de la misma sesión, el Concejo Metropolitano aprobó por unanimidad de 14 votos un documento para ratificar el compromiso institucional con la integridad pública.
El pronunciamiento oficial incluye un exhorto dirigido al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la Superintendencia de Competencia Económica para que den respuesta y seguimiento a los requerimientos planteados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.
