Con 83 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización que identifica 95 expedientes con alertas prioritarias por posibles incrementos patrimoniales injustificados y otras irregularidades de servidores públicos. La documentación será remitida a las instituciones competentes para su revisión.
La Asamblea Nacional remitirá a la Fiscalía, la Contraloría y otros organismos de control 95 expedientes de servidores públicos con alertas prioritarias por posibles irregularidades patrimoniales, luego de que el Pleno aprobara, con 83 votos, un informe de fiscalización elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
El documento identifica 41 expedientes en alerta roja y 54 en alerta naranja, relacionados con posibles variaciones patrimoniales que superarían la capacidad salarial de los funcionarios, investigaciones penales o incumplimientos tributarios.
Las instituciones competentes deberán examinar los hallazgos y determinar si corresponde iniciar investigaciones o procedimientos administrativos.
Fiscalía, Contraloría y UAFE recibirán los expedientes
Entre las recomendaciones aprobadas por la Asamblea consta remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado para que evalúe la pertinencia de desarrollar investigaciones penales.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberá analizar la información desde el ámbito de la inteligencia financiera y el rastreo de activos.
Por su parte, la Contraloría General del Estado deberá considerar la realización de exámenes especiales en los casos clasificados en alerta roja y naranja.
También se recomienda al Servicio de Rentas Internas (SRI) efectuar verificaciones patrimoniales y revisar, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, posibles casos de nepotismo.
Las entidades tendrán un plazo de 15 días para informar a la Asamblea sobre el inicio y avance de las actuaciones correspondientes.
Informe identifica 95 expedientes con alertas prioritarias
La fiscalización comprendió un total de 251 expedientes, que fueron clasificados mediante un sistema denominado Modelo del Semáforo Integral de Alertas.
De ese universo, el 37,85 %, equivalente a 95 expedientes, presenta niveles de riesgo prioritario. Los 156 expedientes restantes, equivalentes al 62,15 %, corresponden a casos sujetos a seguimiento preventivo o comprobación de registros.
La comisión señaló que las alertas permiten identificar situaciones que requieren mayor revisión, pero no determinan por sí mismas la existencia de delitos.
Fiscalización comenzó tras denuncias sobre patrimonios de alcaldes y prefectos
Cristian Benavides, presidente de la comisión y ponente del informe, explicó que el proceso surgió a partir de una publicación periodística que advertía sobre posibles incrementos patrimoniales injustificados de algunos alcaldes y prefectos.
Ante esos señalamientos, la comisión solicitó información a 46 entidades, entre ellas la Fiscalía, la Contraloría y el SRI, para contrastar datos patrimoniales, tributarios y administrativos. «Hemos realizado un trabajo responsable y en defensa del derecho a la presunción de inocencia de los sujetos investigados», manifestó Benavides durante la presentación del informe.
El legislador precisó que, para evitar posibles direccionamientos, el documento no individualiza públicamente a los funcionarios examinados.
