Con 132 votos afirmativos, censuró y destituyó al superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia, tras el juicio político seguido en su contra por los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, por incumplimiento de funciones.
En el texto resolutivo se dispone la respectiva notificación al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre el impedimento de Anchundia para ejercer cargo público por el lapso de dos años.
Igualmente, dispuso remitir todo lo actuado a la Fiscalía General para que tome como insumo en la investigación abierta e inicie nuevas investigaciones sobre las actuaciones de los distintos directorios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), en las decisiones que encaminaron el perjuicio a la institución.
También, se enviará el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie un examen especial sobre las actuaciones de las intendencias de Intervención del Mercado de Valores y de Seguros, así como al Servicio de Rentas Internas (SRI), con el fin de que revise la determinación tributaria sobre las presuntas irregularidades aportadas en este proceso.
En su intervención, los interpelantes se ratificaron en sus acusaciones en el sentido que el funcionario incumplió lo dispuesto en el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a ejercer la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras.
Además, insistieron en que el perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) no solo es económico, sino moral.
En total, son cerca de 990 millones de dólares que se invirtieron irregularmente, en perjuicio de 90 mil familias que hoy no pueden solicitar préstamos quirografarios, hipotecarios, entre otros beneficios, porque el dinero no está en las arcas de la institución.
De su lado, Víctor Anchundia recordó que este problema inició antes de que asuma su cargo como Superintendente de Compañías y que las operaciones efectuadas por ISSPOL no eran materia de control del ente de Compañías, sino de la Superintendencia de Bancos.
Añadió que a partir del 20 de agosto de 2020 tomó acciones que incluyeron la denuncia penal ante la Fiscalía, la cual está en curso.
En el debate participaron cuatro legisladores, quienes se refirieron a los argumentos de cargo y de descargo presentados en el juicio político. Solo la asambleísta Nathalie Viteri consideró que Anchundia no tenía responsabilidad sobre las acusaciones, por lo cual se abstuvo en la votación.
