«Por más que digan que es una suspensión, es una destitución», denunció la vicepresidenta Verónica Abad durante su comparecencia, vía telemática, ante la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles, 13 de noviembre.
Abad pidió al Legislativo activar los mecanismos de fiscalización para «poner un alto a los atropellos en su contra» y solicitó una investigación a la Contraloría.
La vicemandataria alertó que el Gobierno ya venía fraguando una forma de inhabilitarla para que no llegue a la Presidencia cuando Daniel Noboa pida licencia para realizar campaña electoral para los comicios de 2025.
Asimismo, hizo un llamado a los asambleístas a que rechacen “lo que ha hecho la Ministra de Trabajo», Ivonne Núñez, mientras resaltó que Sariha Moya “no debe ocupar la vicepresidencia, pues incurría en arrogación de funciones».
La funcionaria se refirió también al proceso penal que se sigue en contra de su hijo, Francisco Barreiro Abad, y lo calificó como una forma de presionarla “para que renuncie”.
Abad se consideró “víctima de una persecución en la que intervienen varias instituciones del Estado, con el objetivo de provocar su salida del cargo”.
De igual manera, aseguró que “no fue ella quien pidió ser trasladada desde Israel a Turquía» y destacó que ha pedido un informe que justifique el cambio de un país a otro, pero no tiene respuesta, porque «todos dicen que es reservado».
Según el Ministerio de Trabajo, la «falta grave» que ameritó la sanción a Abad fue el «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos» al incumplir la disposición de la cancillería sobre su traslado de Israel, donde fue designada como embajadora, a Türkiye en un plazo establecido.
Este lunes, Noboa oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 457, el nombramiento de Sariha Moya, actual secretaria nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada y detalló que ocupará el cargo durante el periodo máximo de ausencia temporal de la vicepresidenta.
A su vez, el gobernante derogó el decreto que nombró a Abad como “embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel”.