La constitucionalista Pamela Aguirre criticó el uso de las acciones de protección para fines netamente políticos. Así, señaló que “lamentablemente no es normal lo que está pasando porque estamos viendo que las garantías jurisdiccionales no están siendo utilizadas para su fin”.
Con ese antecedente, resaltó que el fin de las garantías es la real protección de los derechos constitucionales, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Sin embargo, al momento en el que un mecanismo de protección de sus derechos es utilizado con fines diversos, específicamente políticos, para permanecer en un cargo o para hacerse de un cargo, claramente se ve que la garantía jurisdiccional no está cumpliendo con su fin.
Por ello, la Constitucionalista recalcó que el problema no es la garantía jurisdiccional, “es quien la activa de esta manera maliciosa a sabiendas de que ese no es el fin de la garantía”. Además, señaló que lo más lamentable es que existan jueces que concedan acciones con esta finalidad.
Aguirre rememora casos
Uno de los ejemplos que indicó Aguirre es el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.
Sobre este, dijo que ella fue electa por ejercicio de un derecho político; es decir, los asambleístas en el pleno de la Asamblea votaron y decidieron que ella sea la titular del Legislativo. Pero, las leyes prevén que estos derechos políticos de participación son derechos que se ejercen con el aval democrático, “entonces empecemos por ahí. Si ella fue electa democráticamente, puede ser controlada democráticamente. Y está previsto en la Ley Orgánico de la Función Legislativa la posibilidad de analizar la conducta de la Presidenta y eventualmente inclusive hasta removerla. Entonces, de qué derecho constitucional vulnerado estamos hablando”. La Constitucionalista indicó que en los últimos casos no se puede identificar un derecho constitucional vulnerado. Por este motivo, eran improcedentes.