El juez Renán Andrade resolvió este sábado, 19 de julio, llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a otras 15 personas y seis empresas, procesadas en el denominado caso Triple A, por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
“Luego de haber analizado todos los argumentos expuestos por las partes procesales, el juez de la causa llama a juicio a 16 personas naturales y 6 jurídicas por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos”, señaló la Fiscalía en su cuenta en X.
Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para varios procesados, el magistrado no consideró apropiada esta medida en el caso de Álvarez.
En su lugar, ratificó el uso obligatorio de un grillete electrónico, disposición que el alcalde no había cumplido previamente, argumentando complicaciones médicas vinculadas a una afección cardíaca. El juez recalcó que el dispositivo debe colocarse de forma inmediata.
Ramiro García, abogado defensor de Alvarez, rechazó la decisión del juez y criticó que se haya convocado a juicio a todos los implicados sin un análisis previo de los alegatos. “¿Para qué existen jueces de garantías si no revisan los argumentos de las partes?”, cuestionó el jurista en redes sociales.
El caso se originó en julio de 2024 tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se señalaban inconsistencias en la comercialización de combustibles por parte de varias empresas. Informes del SRI y la UAFE fueron incorporados al expediente, estimando un perjuicio económico superior a los 61 millones de dólares, producto del supuesto desvío de más de 2,2 millones de galones de diésel y gasolina.
La vinculación de Álvarez se dio en su calidad de exrepresentante legal de la empresa Copedesa, firma familiar dedicada a la comercialización de hidrocarburos.
Según la acusación fiscal, durante su gestión se habrían firmado contratos con estaciones de servicio que registraron ventas superiores a su capacidad autorizada de almacenamiento.
Debido a que los hechos investigados ocurrieron antes de su gestión como alcalde, Álvarez no goza de fuero de Corte Provincial.
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