En entrevista exclusiva con A Primera Hora, Ronny Aleaga, asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) informó que este jueves 7 de octubre presentó el pedido formal de juicio político contra el contralor subrogante Carlos Riofrio. Según el legislador, los motivos son que el actual titular de la Contraloría General del Estado (CGE) no ha cumplido su función al evitar investigar al excontralor subrogante Pablo Celi.
“Riofrio, sin ningún tipo de remordimiento, dijo en las comisiones que no le importaba ser nombrado con una acción de personal firmada desde la cárcel”, añadió el legislador. Así mismo, aclaró que cuentan con las firmas suficientes.
Pedido de cambio de orden del día
El asambleísta también indicó que pedirá un cambio de orden del día para la sesión del pleno del jueves 7 de octubre.
Así, señaló que solicitará que se designe a la Comisión de Transparencia y Control Social para que lleve adelante la investigación por el tema de investigación periodista tildado “Pandora Papers”.
En esa línea dijo que se buscará evidenciar si existió un incumplimiento a la ley por parte del presidente Guillermo Lasso y, en ese caso, conocer en qué momento lo hizo. Sin embargo, enfatizó que esa investigación deberá ser objetiva e imparcial.
En ese mismo tema, recordó que la Asamblea Nacional “no está para investigar delitos, sino presuntos incumplimientos de funciones”. Así, alertó que pidió que sea la Comisión nueva porque la Mesa de Fiscalización está ocupada por los diversos juicios políticos. “Se va a realizar un informe y debe ser puesto en conocimiento del pleno”, agregó.
En otro punto, resaltó que dentro del caso INA Papers, que lo denunció el mismo Aleaga, existe nueva información, de acuerdo a lo dicho por la Fiscal General del Estado, que sigue llegando y vincula a más personas
Proyecto Ley Creando Oportunidades
El legislador Aleaga defendió la postura de cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre no calificar el proyecto de Ley Creando Oportunidades. Así, dijo que tanto el CAL como la coordinación jurídica conversaron para llegar a la resolución. “Esto no responde a viceralidades ni apasionamientos sino a la coherencia”, destacó el legislador.
En esa línea, criticó que el proyecto, más allá de las ilegalidades, “era un golpe al bolsillo de la ciudadanía”. Además, dijo que no cumplía con la unidad de materia, la conexión causal y temática. Así mismo dijo que era un proyecto urgente, pero también abarcaba al ámbito laboral, minería, régimen de Galápagos. También, dijo que el proyecto no era específico en los artículos a reformar.
“El CAL hace observaciones y sugerencias y pide que separe lo económico del resto de temáticas. Además, pedimos que hagan la consulta a la Corte Constitucional para (que el Ejecutivo pueda) confirmar su constitucionalidad”, agregó el legislador. Además, recomendó que sí el presidente no está conforme, pregunte al pueblo a través de consulta popular.
