Por: María Eugenia Molina. Doctora Ph.D. en Comunicación. Consultora, académica
La ubicación geográfica del Ecuador hace que el país sea proclive a distintos fenómenos naturales que implican riesgos para la población, entre ellos se destaca el tema volcánico, pues tenemos 27 volcanes entre activos y potencialmente activos, según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional; el volcán Cotopaxi destaca entre ellos por la frecuencia y fuerza de sus erupciones, la última considerada de gran magnitud fue la de 1877 debido a la gran cantidad de flujos piroclásticos y lahares, fundamentalmente.
En tiempos mucho más cercanos recordemos que en 2015 el Cotopaxi tuvo un proceso de emisión de ceniza, vapor de agua, gases y explosiones que pudieron ser vistas por la población, este proceso duró unos meses y fue de carácter intermitente. Hace pocos días y gracias al monitoreo constante de los vulcanólogos, se notó actividad en el volcán y luego de ser analizada, las autoridades siguiendo las recomendaciones de los expertos han decidido declarar la alerta amarilla, pero ¿qué significa la alerta amarilla? Es la segunda escala en el semáforo volcánico, muestra incremento notorio de actividad, posibilidad de afectación a la población, monitoreo detallado y constante.
Ahora bien, en términos comunicacionales qué significa esta alerta, pero, sobre todo, ¿autoridades y población estamos preparados para afrontar este riesgo? Empecemos indicando que el riesgo es la suma de una o varias amenazas y de vulnerabilidades a las que estamos expuestos y donde la capacidad que tengan las entidades estatales y la población para hacerles frente a estas amenazas constituirá la diferencia entre esperar a que se desencadenen los hechos o estar preparados para mitigarlos.
La política de riesgo debe ser entendida como una construcción que realiza la sociedad encabezada por los estamentos estatales con el aporte de la población para convivir con el riesgo, aún más en situaciones de fenómenos naturales en zonas proclives a tales condiciones; en este sentido es pertinente preguntar cuánto está preparada la autoridad central y local para llevar adelante el proceso de gestión y comunicación de una posible erupción, un tema que puede demorar meses o hasta años, pero que requiere de dotar certezas y seguridad a los públicos en medio de lo incierto de la situación.
Vivir en un país cuyas condiciones naturales y antrópicas lo hacen propenso a este tipo de fenómenos, muestra la imperiosa necesidad de preparar a la población para afrontar los riesgos que se pueden dar en materia de amenazas naturales; frente a esta realidad es imperativo que las autoridades y la sociedad en general manejemos una cultura de convivencia con el riesgo, mediante la cual se pueda evitar o minimizar la crisis. La comunicación gubernamental debe enfocarse en reducir el riesgo para la población, generando capacidades que disminuyan los niveles de vulnerabilidad. Para ello es clave contar con políticas, estrategias y planes integrales de comunicación y educación para este tipo de situaciones, con mensajes elaborados para cada segmento de la población con relación a sus propias realidades, recordemos que no todos los públicos afrontamos las mismas situaciones, aunque algunas realidades nos son comunes.
La comunicación gubernamental debe estar concatenada con la comunicación de riesgo y crisis de manera que haya una imbricación entre ellas y la población reciba de modo pedagógico los contenidos que debe manejar para salvaguardar su vida, su propiedad y apoyar a quienes estén en mayor condición de vulnerabilidad. Es claro que la gente frente a los sucesos, buscará informarse por cualquier medio posible y qué mejor que sea su autoridad la que le permita hacerlo con seguridad y confianza, le proporcione certidumbres y le brinde alternativas para la superación de la crisis, tanto de manera inmediata como a mediano y largo plazo. (Molina, 2022).
La población debe conocer con claridad lo que implica esta alerta y lo que puede o no suceder, cómo actuar y cómo contribuir con su comunidad y con su propio autocuidado, la preparación debe ser permanente y va más allá de un simulacro, se trata de saber cómo manejar su día a día en medio de esta realidad que puede ser pasajera y retornar a la cotidianidad, o bien, puede mantenerse así por semanas o meses o incrementarse, en cualquier escenario estar informados con suficiencia, que no es igual a exceso es la mejor forma de evitar caer en el rumor, especulación y noticias falsas es fundamental que sea la autoridad con el apoyo de los expertos, quien dé a conocer lo que sucede.
Es clave que se formulen mensajes claros, evitar caer en contradicciones como por ejemplo #Quitosinriesgos que lo utiliza en sus redes el Municipio de Quito y que constituye una imprecisión, pues no hay ciudad o país sin riesgos, se trata de aprender a convivir con los riesgos y trabajar de manera que se los pueda reducir.
La gestión y la comunicación deben ser proactivas, es decir, trabajar antes, durante y después de los sucesos y no solamente cuando la situación de emergencia se haya dado, así también es fundamental que junto con las autoridades, la población, los gremios, las empresas, los medios de comunicación y las fuerzas vivas en general se incorporen a trabajar con enfoque de gestión integral; es un buen momento para que los candidatos a los gobiernos seccionales trabajen estrategias de riesgo y crisis frente a fenómenos naturales como una realidad a la que hay que hacer frente.
La opinión de María Eugenia Molina.
