La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron este martes, 13 de octubre, la sede del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en Quito, como parte de una investigación por una presunta red de corrupción dedicada a cobrar entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas del país. El operativo dejó un funcionario detenido y otros dos servidores públicos bajo investigación.
La intervención, denominada operación MINEDEC, fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública y el Ministerio de Educación. En total, se realizaron tres allanamientos: uno en las instalaciones de la cartera de Estado y dos en domicilios particulares.
El procedimiento estuvo encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg, en coordinación con la ministra de Educación, Gilda Alcívar.
Según las autoridades, la investigación se desarrolló durante aproximadamente tres meses y permitió identificar indicios de una estructura que presuntamente ofrecía plazas laborales en colegios y otras instituciones educativas a cambio de pagos indebidos.
Durante el operativo fue detenido Ayala R., funcionario del área de mantenimiento del Ministerio, para la respectiva formulación de cargos por el presunto delito de concusión.
Reimberg informó que este servidor público registraría recursos económicos sin justificación por aproximadamente USD 1 millón, un monto cuyo origen deberá ser determinado dentro de las investigaciones.
Otros dos funcionarios, identificados como Ochoa N., del área de conducción, y Félix P., de servicios generales, fueron trasladados para diligencias investigativas.
El ministro explicó que ambos deberán rendir sus versiones y que la Fiscalía determinará si existen elementos suficientes para formular cargos en su contra.
Por su parte, la ministra Gilda Alcívar aseguró que la presunta red habría operado durante varios años y tendría posibles conexiones en distintas provincias del país. Estas afirmaciones forman parte de las líneas de investigación y todavía no constituyen hechos judicialmente establecidos.
La funcionaria indicó que continuarán las investigaciones internas para identificar a otros posibles involucrados en el supuesto esquema de comercialización de cargos públicos.
El caso se investiga por presunta concusión, delito relacionado con la exigencia indebida de pagos o beneficios por parte de funcionarios públicos aprovechando sus cargos.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas habrían entregado dinero para acceder a puestos de trabajo ni el número de nombramientos presuntamente gestionados de forma irregular. La Fiscalía continuará con las diligencias para establecer las responsabilidades individuales de los investigados.
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