La Agencia de Regulación y Control de Recursos Minerales (Arcom) ha identificado 387 puntos activos de minería ilegal en Ecuador, distribuidos en 16 de las 24 provincias del país.
De esos 387 puntos, 40 han sido catalogados como “muy peligrosos” debido a la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO). Estas organizaciones criminales no solo protegen los campamentos ilegales, sino que también se enfrentan con frecuencia a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que ha derivado en múltiples bajas en los últimos meses.
Las provincias con mayor concentración de minería ilegal son Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En estos territorios, los campamentos ilegales se instalan en zonas de difícil acceso, muchas veces con respaldo de poblaciones locales que ven en esta actividad una fuente directa de ingresos, según confirmó Arcom.
“La minería ilegal no es un fenómeno aislado, es una red que involucra actores armados, estructuras logísticas, dinero ilícito y en ocasiones la complicidad de actores económicos formales”, señaló la directora de Arcom, María Bonilla, durante su reciente rendición de cuentas.
El caso de La Merced de Buenos Aires (Imbabura) es un ejemplo simbólico. Aunque el sector ya fue intervenido en el pasado, la minería ilegal regresó con fuerza. Allí, el pasado 3 de julio de 2025, un militar del Ejército perdió la vida durante un operativo.
En la provincia de Napo, la situación es aún más crítica. Arcom ha identificado varios puntos de minería ilegal en zonas como Río Punino, Río Jatunyacu y Arosemena Tola, donde los pobladores han denunciado actividades ilegales durante años. El 9 de junio, un operativo en Punino terminó con la muerte de 11 militares, en uno de los episodios más violentos registrados recientemente.
Vínculos con otros delitos
Arcom advirtió que la minería ilegal también está relacionada con una serie de delitos conexos: porte ilegal de armas y explosivos, defraudación tributaria, tráfico de influencias, extorsión, trata de personas, trabajo infantil y lavado de activos.
La Agencia ha ejecutado 30 operativos entre julio y diciembre de 2024. Sin embargo, Bonilla señaló que la lucha contra la minería ilegal requiere no solo más presupuesto, sino coordinación con comunidades, autoridades locales y organismos de seguridad.
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