El oficialismo y sus aliados votaron a favor. La Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas se aprobó en segunda discusión en la Asamblea Nacional este jueves 10 de julio. La ley obtuvo 80 votos a favor, 23 en contra y seis abstenciones. El Gobierno presentó esta ley como una medida urgente para frenar la minería ilegal y proteger el patrimonio natural. Sin embargo, el texto final incluye reformas polémicas a leyes laborales, tributarias y de movilidad humana.
La ley busca reforzar la protección de los territorios y detener actividades ilícitas. Pero algunos sectores expresan preocupación por las reformas adicionales que afectan otras leyes.
Cambios en jubilación, presencia militar y participación privada
Uno de los temas más polémicos es la reforma al artículo 81 de la Ley de Servicio Público. La reforma aclara que los servidores públicos podrán jubilarse voluntariamente desde los 60 años. La jubilación será obligatoria a los 70. La propuesta busca “despejar dudas” tras la Ley de Integridad Pública de mayo. Esa ley generó alarma entre docentes, médicos y empleados públicos por la posible eliminación del beneficio. La reforma elimina la referencia a los 65 años. Ahora, los servidores públicos podrán jubilarse a los 60 años si cumplen los requisitos del IESS.
La ley también permite que la Policía Nacional y las FFAA ingresen temporalmente en territorios indígenas y áreas protegidas. La finalidad es restablecer el orden en casos de amenazas de grupos criminales. Establece que esta medida será “temporal” y respetará los derechos colectivos. Pero organizaciones indígenas advierten que esta medida puede facilitar una “militarización” sin garantías de consulta previa ni participación comunitaria.
El gobierno crea un fideicomiso público para financiar la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La administración estará a cargo del Ejecutivo. La ley también permite que gestores privados y asociaciones público-privadas participen en proyectos turísticos y de conservación en esas áreas. La ley insiste en que “no se permitirá la privatización”. Sin embargo, organizaciones sociales como la Conaie y Amazon Front Lines advierten que esto puede facilitar el ingreso de empresas a territorios indígenas sin respetar su autodeterminación ni participación.
Cambios en movilidad, impuestos y financiamiento
El gobierno impulsa otras reformas en diferentes ámbitos. La ley exonera del impuesto anual a la propiedad a los vehículos eléctricos de uso particular. Reduce su matrícula a USD 10. También elimina el límite de 12 días al año para reducir el IVA en feriados. Ahora, las rebajas podrán aplicarse en todos los días festivos.
La Corporación Financiera Nacional (CFN) puede condonar intereses y recargos en créditos vencidos de personas naturales y jurídicas. La ley excluye a autoridades, funcionarios de alto rango y sus familiares. Por último, la ley de Movilidad Humana se reforma para aceptar pasaportes de terceros países. Esto facilita el ingreso de turistas extranjeros al país.
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