Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional dio luz verde este jueves a la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025 y a la Programación Cuatrianual 2025-2028. El debate partió del informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) intentó introducir observaciones, alegando ingresos inflados y un déficit insostenible. También cuestionaron las metas de exportación de petróleo y oro, a las que calificaron de poco realistas. Acción Democrática Nacional (ADN), por el contrario, defendió que la propuesta prioriza inversión en salud y educación.
La legisladora Nathaly Farinango (ADN) explicó que la proforma es “un documento técnico, económico, político y jurídico” que refleja prioridades del Gobierno como salud, educación y seguridad. Añadió que se trata de un presupuesto “necesario, realista y socialmente justo” y que recoge políticas de Estado.
Resaltó además que los ingresos para 2025 alcanzan USD 40.961,41 millones, con asignaciones a gobiernos locales, universidades, salud y a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica.
En tanto, el asambleísta Adrián Castro (ADN) defendió los montos para salud (más de USD 5 mil millones), educación (USD 5 mil millones), seguridad (más de USD 4 mil millones) y la atención de la deuda municipal.
A su vez, Jadira Bayas (ADN) indicó que los recursos se concentran en las urgencias nacionales y mencionó que USD 7 millones se destinan a la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En contraste, Mónica Alemán (RC) señaló que el análisis se hizo sin cifras de ejecución presupuestaria ni guía del Plan Nacional de Desarrollo. Habló de una “sobreestimación de ingresos”, un mayor endeudamiento y otras fallas.
Por su parte, Otto Vera (PSC) coincidió y advirtió que el déficit de 2025 será del 4,3 %. “No se puede seguir financiando gastos sin ingresos suficientes”, dijo. Liliana Durán insistió en respetar la regla fiscal y recordó que el déficit global bordea los USD 5.625 millones.
Un total de 16 asambleístas intervinieron en la sesión del 4 de septiembre. Tras un debate intenso y con cruces entre las bancadas de ADN y RC, la proforma se aprobó con tres votos más de los 77 requeridos.
La Proforma
La propuesta asigna al sistema de salud USD 5.136,92 millones, equivalente al 0,5 % adicional del PIB. Para educación básica y bachillerato se destinan USD 5.287,07 millones.
El Gabinete de Seguridad recibirá USD 4.026,27 millones, lo que significa un aumento de USD 465,37 millones frente a lo ejecutado en 2024.
Se contemplan USD 1.713,70 millones para bonos sociales a grupos vulnerables y USD 3.368,23 millones para la seguridad social: IESS, Issfa e Isspol.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán USD 3.471,70 millones, cifra mayor en USD 529,48 millones respecto al año anterior.
El Plan Anual de Inversiones alcanza los USD 2.501,69 millones. Estos recursos se dirigirán a proyectos de energía, cárceles, equipamiento policial, Fuerzas Armadas, desarrollo amazónico, infraestructura educativa y hospitalaria, vivienda y obras viales.
Supuestos macroeconómicos y déficit fiscal
La proforma se construyó con un PIB nominal de USD 129.018,50 millones y un crecimiento esperado de 2,8 %. Se calculó una inflación promedio de 0,8 %, una producción petrolera de 169,9 millones de barriles y un precio promedio de USD 62,2 por barril.
Aunque el BCE reportó un crecimiento acumulado de 3,9 % a junio, la proyección oficial para este ejercicio se mantiene en 2,8 %.
El documento prevé ingresos por USD 27.440 millones y gastos por USD 33.065 millones, lo que arroja un déficit global de USD 5.625 millones, equivalente al 4,4 % del PIB. Esta cifra es similar a la de la proforma de 2024.
El déficit, sin embargo, es solo referencial. No incluye medidas aún no aprobadas como la reforma al cobro de impuesto a dividendos, que sumaría USD 500 millones en 2025. Además, incorpora recursos que las entidades necesitan para ejecutar el gasto en este y próximos ejercicios.
El Gobierno proyecta que el déficit final sea menor al estimado, apoyado en un crecimiento económico superior a lo previsto y en medidas adicionales para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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