Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el sexto con carácter urgente en materia económica enviado por el presidente Daniel Noboa.
La normativa, compuesta por cuatro artículos y varias disposiciones complementarias, tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad del Estado. Entre sus principales disposiciones, autoriza y regula la recepción de donaciones —de bienes muebles, inmuebles, equipamiento o suministros— provenientes de contribuyentes nacionales, gobiernos extranjeros u organismos internacionales.
A cambio, los donantes nacionales podrán acceder a una rebaja de hasta el 30% del Impuesto a la Renta causado en el periodo fiscal correspondiente, sin derecho a devolución.
“Esta ley busca dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden para enfrentar al crimen organizado, que ya no es delincuencia común, sino un poder paralelo”, afirmó el asambleísta Diego Franco, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que elaboró el informe del segundo debate.
Apoyo y críticas a la normativa
La propuesta contó con el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), independientes y exmiembros de Pachakutik de la Amazonía.
En contraste, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra. El legislador Franklin Samaniego recordó que una medida similar fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional dentro de la Ley de Solidaridad Nacional y criticó que el Gobierno recurra “a la bondad del sector privado” para financiar la seguridad pública.
“El Ejecutivo ya incrementó el IVA en tres puntos con el argumento de fortalecer a las fuerzas del orden. Han recaudado miles de millones y ahora piden donaciones”, reclamó Samaniego.
Durante el debate, se produjeron momentos de tensión entre asambleístas de distintas bancadas, aunque finalmente la mayoría oficialista logró consolidar los votos necesarios para la aprobación.
El proyecto fue tratado en sesión plenaria durante más de cuatro horas de discusión. La Ley, según el Ejecutivo, busca consolidar una estrategia de corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado frente al avance del crimen organizado, en un contexto donde, según datos oficiales, los casos de extorsión aumentaron 205% y los secuestros 193% en el último año. La normativa entrará en vigor una vez que sea promulgada en el Registro Oficial.
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