Con 88 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que refuerza el control migratorio, establece la deportación expedita de extranjeros en casos de riesgo grave para la seguridad nacional y busca garantizar una migración ordenada “sin criminalizar a los migrantes”.
El texto final incluye 58 artículos, una disposición reformatoria, cinco transitorias y una disposición final. El proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción o veto dentro de los próximos 30 días.
Ejes principales de la reforma
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Lucía Jaramillo, explicó que la normativa se sustenta en tres pilares: ordenar, fortalecer y proteger.
Entre las principales disposiciones se contemplan:
- Deportación expedita en casos de riesgo grave para la seguridad nacional, con un proceso administrativo de hasta 24 horas y prohibición de reingreso por 40 años.
- Exigencia de antecedentes penales y registro migratorio como requisito para otorgar o renovar visas.
- Creación de la visa de transeúnte, que permitirá el tránsito controlado de extranjeros por el territorio ecuatoriano.
- Obligación de presentar boleto de retorno para quienes ingresen temporalmente al país.
- Asistencia legal gratuita y atención consular digital para ecuatorianos en el exterior.
- Facilitación de la repatriación de cuerpos de compatriotas fallecidos en el extranjero con recursos públicos.
- Incorporación de la figura de migración circular, que permitirá a ecuatorianos trabajar temporalmente en países con convenio.
Jaramillo defendió las reformas afirmando que “se acabaron las puertas abiertas a quienes vienen a delinquir”, y subrayó que la ley busca “ordenar la migración sin criminalizarla, pero con reglas claras y tecnología avanzada para el control fronterizo”.
Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron que en el segundo debate se incorporaran artículos que no fueron discutidos en la primera instancia.
El legislador Alfredo Serrano (PSC) alertó que se habrían incluido disposiciones provenientes de las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional por vicios de forma. Entre ellas figuran los artículos sobre deportación expedita, visa de transeúnte y aumento del plazo de prohibición de reingreso.
Por su parte, Ledy Zúñiga (RC) advirtió que la reintroducción indirecta de esas disposiciones contraviene la naturaleza de la ley y podría vulnerar el fallo constitucional.
Durante el debate, varios legisladores defendieron el proyecto. Johnny Lavayen resaltó que las reformas “reconocen la dignidad de los migrantes y la esperanza de los ecuatorianos que retornan”, mientras Carmen Tiupul destacó los avances en digitalización y reducción de la burocracia.
Edwin Jarrín enfatizó el fortalecimiento del control fronterizo mediante registros biométricos y coordinación interinstitucional, y Carolina Escobar mencionó la reclasificación de los pasaportes, incluyendo uno de emergencia para casos humanitarios.
El proyecto es resultado de la unificación de ocho iniciativas legislativas sobre movilidad humana y seguridad migratoria. Una vez aprobado, será remitido al Ejecutivo para su sanción o veto.
La normativa busca equilibrar la protección de los derechos humanos con la seguridad del Estado, en medio de un contexto regional marcado por el aumento de flujos migratorios y el uso del país como ruta de tránsito irregular.
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