POLÍTICA

Asamblea exhorta al presidente Noboa a suspender la construcción de cárcel en Archidona

Con 95 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución para exhortar al presidente Daniel Noboa y al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, a no continuar con la construcción de la cárcel de Archidona, en la provincia de Napo.

La resolución, específicamente, exhorta:

“A las autoridades a no vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, de pueblos y nacionalidades indígenas y de los habitantes del cantón Archidona y la provincia de Napo por la construcción de un centro de rehabilitación social de máxima seguridad en Archidona, Napo”.

Esta propuesta fue presentada por la asambleísta del movimiento Construye, Sandra Rueda, quien argumentó que este pedido “responde a la necesidad de atender a la población de Archidona y la provincia de Napo, quienes no fueron consultados sobre esta acción que incidirá en su vida y su seguridad”.

Los motivos:

En el proyecto de resolución, la legisladora proponente señaló que existe “una creciente preocupación dentro de la comunidad local debido a las implicaciones sociales, culturales y ambientales que este proyecto conlleva”.

Asegura que el recinto carcelario está en una zona en donde existen “4 centros educativos que se encuentra ubicados a menos de 200 metros cuadrados de la cárcel de Archidona”, por lo que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes que asisten a dichos lugares.

También, argumenta que el proceso de construcción de este centro penitenciario se ha llevado a cabo sin la debida consulta a la comunidad local y sin un estudio de impacto ambiental adecuado.

Mediante la aprobación de la resolución, los legisladores también se solidarizaron con el pueblo de Archidona y la provincia de Napo, en particular con las niñas, niños y adolescentes y las comunidades indígenas Kichwas de la provincia, “por la clara vulneración de sus derechos constitucionales ante la construcción de un Centro de Rehabilitación Social de máxima seguridad en Archidona y que desde el 3 de diciembre de 2024 se encuentran en medidas de resistencia pacífica como consecuencia de la falta de atención por parte del Gobierno Nacional a sus demandas legítimas”.

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