El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional en el país.
La votación se realizó desde la ciudad de Machala, y contó con 83 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones, de un total de 146 legisladores presentes.
Incentivos para construcción de vivienda social
La normativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, permite que empresas privadas destinen hasta el 30 % de su impuesto a la renta al financiamiento o construcción directa de viviendas de interés social.
Estas viviendas podrán ser entregadas de forma gratuita a familias en condiciones vulnerables (segmento 1) o con subsidio parcial (segmento 2), con un valor de hasta USD 65.000, incluyendo casa y terreno.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, señaló que actualmente cerca de 720.000 familias no cuentan con una vivienda digna, lo que motivó la aprobación de la normativa.
Debate y posiciones en el Pleno
Durante el debate participaron 31 legisladores. Desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), varios asambleístas destacaron que la ley permitirá dinamizar la economía, generar empleo y atender a sectores vulnerables.
La asambleísta ponente, Valentina Centeno, sostuvo que la iniciativa busca “hacer justicia con quienes estuvieron en el olvido” y mejorar la calidad de vida de miles de familias.
En contraste, rl legislador de la Revolución Ciudadana (RC), Ricardo Patiño, cuestionó la propuesta al considerar que el problema habitacional es estructural y no se resolverá únicamente con la construcción de viviendas.
Cómo funcionará el beneficio tributario
El proyecto establece un incentivo temporal entre 2026 y 2029 que permitirá a los contribuyentes acceder a una rebaja de hasta el 100 % del valor donado en vivienda social, con un límite del 30 % del impuesto a la renta causado.
Para acceder al beneficio, las empresas deberán suscribir convenios con el ente rector de vivienda, y el cumplimiento será verificado mediante actas de entrega o escrituras.
La normativa también contempla:
- Construcción en terrenos del Estado, donados o propios de los beneficiarios
- Entrega de viviendas en un plazo máximo de 90 días tras la firma de escrituras
- Evaluación anual del impacto fiscal y económico
- Priorización de zonas con mayor déficit habitacional
La ley entrará en vigencia una vez sea publicada en el Registro Oficial. El Ejecutivo espera que esta medida contribuya a reducir el déficit habitacional, dinamizar el sector de la construcción y fortalecer la economía nacional.




