Con el voto a favor de todos los legisladores presentes en la sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al excontralor subrogante Pablo Celi, en una sesión que duró más de 13 horas.
El juicio político por incumplimiento de funciones al excontralor Pablo Celi, fue impulsado por los legisladores del correísmo, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz. Aunque la moción de censura provino del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero.
Tras la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, Pablo Celi no podrá ejercer algún cargo público en los próximos 24 meses.
La presentación de las pruebas de cargo y descargo en el pleno tomó más de cinco horas y posterior a ello intervinieron 18 legisladores.
Los asambleístas del CREO y Pachakutik acusaron a Celi de haber sido funcionario en el correísmo y haber permitido el desvanecimiento de glosas que los beneficiaba.
“Tenemos la autoridad moral (para censurar a Celi) porque no cargamos en nuestra espalda delincuentes que están presos o prófugos. Celi era parte del proyecto político que ahora ataca y del cual ahora se defiende”, dijo Diego Ordóñez (CREO).
Los correístas en cambio lo acusaron de haberse autoproclamado Contralor luego de que la Asamblea censurara a Carlos Pólit y señalaron que su paso por el organismo de control fue herencia del “trujillato”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), manifestó que la constructora Odebrecht pagó USD 20 millones de dólares para que le desvanezcan USD 80 millones en glosas y regresó al país con USD 4 000 millones en contratos para proyectos como la hidroeléctrica Manduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca o la Refinería del Pacífico, durante el Gobierno de Correa.
“De esos contratos salieron los sobornos que financiaron las campañas políticas del 2013 y 2014”, expresó Villavicencio, quien también llamó al Pleno a “contar la historia completa” e identificó como “la causa de la megacorrupción en el país” al giro específico de negocios, producto de un decreto de emergencia de Correa.
A su turno, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), y Johana Moreira, de la ID, enfatizaron que no se vulneró el debido proceso, como argumentó Celi en su intervención.
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