El Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso este 3 de marzo de 2026 a la moción de destitución contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, acusado de presuntamente cobrar diezmos a colaboradores de su despacho.
La moción, impulsada por la legisladora oficialista Ana Belén Tapia (ADN), alcanzó 69 votos a favor, de los 101 necesarios para su aprobación.
El debate se dio tras un informe del Comité de Ética de la Asamblea, emitido el 11 de febrero, en el que se recomendaba la remoción de González. El legislador ya había sido suspendido por nueve días en un proceso anterior relacionado con otra queja del oficialismo.
Acusaciones de presuntos diezmos
Ana Belén Tapia denunció que González habría exigido aportes económicos y pagos a una persona que trabajó en su despacho al inicio del periodo legislativo.
El exfuncionario Hernán Robles compareció el 3 de febrero ante el Comité de Ética y presentó grabaciones y documentos que, según su versión, evidenciarían pagos de pasajes para viajes a Loja, mantenimiento de vehículo y compra de medicinas para el asambleísta y familiares.
La Constitución y la Ley de la Función Legislativa prohíben a los legisladores recibir derechos, comisiones, cuotas, aportes o remuneraciones indebidas por parte de su equipo de trabajo.
Defensa del legislador
Juan Andrés González negó las acusaciones y aseguró que los valores mencionados fueron devueltos de forma oportuna, por lo que rechazó que se trate de un caso de diezmos.
No obstante, el Comité de Ética concluyó en su informe que existe “coherencia probatoria suficiente” basada en documentos financieros, comunicaciones electrónicas y testimonios que respaldarían la acusación. Además, señaló que la devolución total o parcial de los montos no desvirtúa la presunta exigencia previa.
Pese a la recomendación del Comité, la moción no obtuvo los votos necesarios y el legislador continuará en funciones.
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