Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución presentada por el legislador de Imbabura, Fernando Jaramillo, donde se rechazan los actos de violencia registrados durante el paro nacional, en particular el ataque a la red de distribución de agua potable en el sector de Rumipamba, parroquia La Esperanza (Ibarra).
La moción sostiene que los hechos constituyen un grave atentado contra el derecho humano al agua, la seguridad de la población y la infraestructura estratégica del país. En la discusión parlamentaria, Jaramillo subrayó que la protesta es legítima dentro del marco constitucional, pero advirtió que no puede derivar en hechos violentos.
El asambleísta Esteban Torres afirmó que “secuestrar policías y militares no es justicia indígena; usar cohetes artesanales y bombas molotov, cortar servicios de agua y sitiar ciudades no es protesta”, y llamó a enviar un mensaje claro a favor de la paz y el diálogo.
Por su parte, Héctor Rodríguez defendió la necesidad de abordar la crisis con un enfoque en derechos humanos, mientras que Andrés Guschmer calificó el ataque a la tubería de agua como “un atentado contra la vida y contra el corazón del pueblo”.
Durante la sesión, en Comisión General, dirigentes y ciudadanos de Imbabura expusieron los efectos del paro en su vida diaria. Narcisa Flores, dirigente barrial de Ibarra, confirmó la rotura de la tubería de agua en La Esperanza y exhortó a que las protestas no perjudiquen a las mayorías.
Asimismo, la comerciante Consuelo Ruiz relató que su emprendimiento quedó sin clientes por diez días debido a los cierres viales, y Gabriel Morales, de Cotacachi, aseguró que se sintió “encarcelado en su propia casa” por las paralizaciones que afectaron a Otavalo, Atuntaqui e Ibarra.
La Asamblea ratificó su compromiso de defender el derecho humano al agua, proteger la infraestructura pública estratégica y fortalecer la institucionalidad democrática, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.
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