El nuevo proyecto de ley económica urgente que el Ejecutivo envió este fin de semana a la Asamblea Nacional, con el objetivo de desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado, ha comenzado a generar reacciones entre los legisladores, quienes ya definen sus posiciones sobre esta propuesta.
Para la asambleísta Nathaly Farinango, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), es de urgencia que al crimen organizado se le pueda “cerrar el grifo” para evitar que siga atacando a las familias ecuatorianas, indicó a medios de prensa en la sede del Legislativo.
Farinango insistió en que el proyecto tendrá que ser debatido con la mayor responsabilidad dentro del pleno de la Asamblea Nacional.
“La ley se enmarca en el ámbito constitucional, habrá un debate y tiene que ser amplio, responsable, con la postura de cada uno de los legisladores. Justificar sus opiniones, justificar sus posturas con razones, con argumentos técnicos más que políticos, para así sacar una legislación que beneficie a las familias del país”, reiteró.
La asambleísta detalló que esta tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá para resolver sobre la calificación de este proyecto, junto a otras iniciativas legales. Luego, será enviado a una de las comisiones económicas para su análisis.
“Se requiere nuevamente analizar todos los artículos del proyecto de ley que van enfocados en cortar el libre financiamiento al crimen organizado para que no hagan de las suyas en este país. En este tema también estaría enfocado el tema de las posibles reformas a la Constitución, tomando en cuenta que ya se ha dicho que no habrá una nueva Constitución”, dijo.
Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana (RC), advirtió que la ley para combatir las economías criminales no cumpliría con los requisitos para tratarse de esta manera al interior del Parlamento.
“Ponerle al Poder Civil sobre el Poder Judicial en algunos temas es muy grave. Decidir cuándo se hace un allanamiento, decidir cuándo hay prisión preventiva y algunas otras cosas es muy complejo. Yo creo que lo que van a hacer es complejizar más el endeble sistema judicial que tiene el Ecuador. Recuerden ustedes, los jueces anticorrupción que ahora están siendo procesados”, manifestó.
Samaniego señaló que «las medidas que ha tomado el Gobierno (en materia de seguridad) han sido ineficaces».
Al respecto, planteó que, desde su punto de vista, el gobierno debe fortalecer la institucionalidad, elegir los jueces requeridos y que se evacúen los procesos de investigación respectivos, inclusive, internos.
“Yo creo que el gobierno debe tener primero serenidad. En segundo lugar, quitarse de la mente el tema del odio, no funciona así, las cosas y el pueblo ecuatoriano necesitan respuestas”, enfatizó.
Para el legislador de la RC, el tratamiento del proyecto de Ley para atacar la economía criminal será la “primera prueba de fuego” para ver “qué tan consolidada está la mayoría oficialista”, dijo.
También la segunda vicepresidenta del Parlamento y asambleísta del movimiento Pachakutik,Carmen Tiupul, comentó ante medios de prensa que en el proyecto de Ley que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente, tiene algunos artículos que se deben analizar “a fondo”.
«Hay un par de artículos que sí nos preocupa, nosotros vamos a hacer las observaciones necesarias y lo hemos dicho claramente, para nosotros siempre va a ser uno de los principios fundamentales defender todos los derechos conseguidos», reiteró.
La propuesta del Ejecutivo
La propuesta de Ejecutivo para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado aborda las sanciones a las personas que pertenezcan a grupos armados organizados (GDO), durante un Conflicto Armado Interno, que podrían acarrear penas de entre 22 y 26 años de prisión.
Así mismo, los líderes de estos grupos podrían enfrentar sanciones de pena privativa de libertad entre 26 y 30 años.
Además, las armas, explosivos, municiones y accesorios usados por los grupos criminales y que hayan sido decomisados, pasarán inmediatamente para uso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el presidente Daniel Noboa busca que quienes cometan delitos relacionados con el conflicto armado interno no tengan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, con el fin de garantizar su asistencia a los procesos judiciales correspondientes y el cumplimiento de las penas.
De igual manera, la propuesta establece que cuando un policía sea procesado o investigado por hechos relacionados con el cumplimiento de su deber, no se aplique la prisión preventiva, arresto domiciliario, ni la colocación de un dispositivo electrónico.
El uniformado deberá seguir trabajando y será su superior el encargado de verificar e informar que este siga dentro del país.
Por último, pretende establecer un procedimiento unificado para el juzgamiento de delitos cometidos durante un Conflicto Armado Interno, con siete reglas específicas que contemplan las etapas del proceso, la designación de jueces especializados, plazo de convocatoria y prohibición de diferimiento para las audiencias y demás.
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