Para el jurista y exsecretario general de la Defensoría del Pueblo, Cristian Bahamonde, la ratificación de la prisión preventiva en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, busca que el mismo pierda su cargo «que ganó en un concurso de méritos y oposición cuando restan tres años de funciones».
El Jurista dijo estar sorprendido por la decisión que tomó el juez el pasado 10 de agosto de 2021. Así, la tildó como «desproporcionada». Ello, debido a que, a su parecer, podrían imponerle otras medidas como la prohibición de salida del país, arresto domiciliario, presentación permanente ante el juez y uso de grillete electrónico. Todas estas medidas permitirían que el acusado asista a su juicio.
La postura de Fiscalía y del juez
Para Bahamonde, los argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado para sostener el pedido de la prisión preventiva son extraños. «En la fase de investigación, los argumentos fueron refutados», agregó.
Por otro lado, también criticó que el juez haya tildado como una pretensión de intimidación y violación a la independencia de la función judicial. Ello tras la llegada de una misión de observadores internacionales que llegaron al país para vigilar el juicio contra Carrión.
«La ausencia del Defensor puede significar la pérdida de su cargo, aunque no existe una sentencia y se mantiene la presunción de inocencia», reiteró el jurista.
Así mismo, recordó que los 30 días para que la Fiscalía realice las investigaciones concluyeron el 16 junio.
Posible pérdida del cargo
Para Bahamonde, «al defensor se lo tiene privado de la libertad e imposibilitado de defenderse. El caso no amerita una prision preventiva. Se está anticipando la pena y esto podría provocar la destitución».
Ello lo dijo también criticando la postura de la defensora subrogante Zaida Rovirá que adujo que este fin de semana se podría declarar el abandono del cargo de Carrión. Sin embargo, Bahamonde recordó que el pasado 18 de mayo, Carrión solicitó vacaciones por 30 días. Posteriormente, el 18 de junio, destituyó a Zaida Rovira para posesionar a Tania Castillo y vuelve a pedir vacaciones que concluyeron a finales de julio.
Finalmente, recordó que el plazo de 90 días, para declarar la destitución de Carrión, concluirían en octubre.