El Consejo de Administración Legislativa dio paso unánime al trámite por presunto incumplimiento de funciones. La oposición denuncia un perjuicio económico de USD 180 millones.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el inicio del trámite de juicio político contra Inés Manzano.

Los legisladores Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, integrantes de la bancada de Revolución Ciudadana, impulsan este proceso de interpelación.

Por consiguiente, la acusación fiscalizadora se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones dentro de la gestión de la severa crisis eléctrica.

Cuestionamientos por contratos y supuesto perjuicio estatal

La solicitud de juicio político concentra sus argumentos en supuestas omisiones e irregularidades en los contratos firmados con las corporaciones Progen y ATM.

Según detallan los asambleístas proponentes, estas cuestionadas acciones administrativas provocaron un perjuicio económico al Estado calculado en USD 180 millones.

Entre las denuncias principales sobresale el contrato con ATM, donde el Estado pagó USD 71 millones por motores fabricados en el año 2016.

Los fiscalizadores calificaron formalmente a estos equipos de generación eléctrica como “chatarra inservible” debido a graves incompatibilidades técnicas con las redes nacionales.

Por esa razón, explicaron que la maquinaria opera con una frecuencia distinta a los 60 Hz que requiere obligatoriamente el sistema interconectado ecuatoriano.

Adicionalmente, el expediente incorpora una denuncia penal basada en la filtración de audios donde Manzano supuestamente ordena ocultar información al Parlamento.

Plazos legales y procedimiento en comisiones

La decisión del máximo organismo legislativo cuenta con el respaldo vinculante de un informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

Por lo tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional dispone ahora de tres días de plazo para remitir el expediente completo a Fiscalización.

Una vez que reciba la documentación oficial, la Comisión de Fiscalización tendrá cinco días para avocar conocimiento e iniciar la etapa de pruebas.

Asimismo, los miembros de la mesa legislativa verificarán el cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución.

Posturas políticas y reacciones en el Legislativo

Por otra parte, el primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, confirmó la aprobación del trámite y marcó distancias entre responsabilidades.

El legislador oficialista enfatizó la necesidad de separar de forma clara la responsabilidad de carácter político de las investigaciones en el ámbito penal.

A su criterio, el objetivo principal radica en esclarecer el destino final de los recursos públicos empleados en la emergencia del sector.

Sin embargo, Torres advirtió que la justicia penal ordinaria podría determinar penas de cárcel y exigir la devolución de los bienes estatales.

Finalmente, el bloque de la Revolución Ciudadana exigió celeridad a la mesa técnica para evitar que el proceso se estanque en las comisiones.