El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la solicitud de juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
“El ministro de Defensa deberá responder al país y a los ecuatorianos por la muerte de los cuatro menores de edad de Las Malvinas, Guayaquil”, expresó la Asamblea Nacional en un comunicado difundido en su red social X.
En el documento, el CAL también anunció que fue aceptada a trámite la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
«Lo resuelto se dio una vez conocidos los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa, de cumplimiento de requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización avocar conocimiento y sustanciar el trámite de los mismos», detalló el comunicado.
La decisión del CAL se dio a conocer luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara que los cuatro cuerpos encontrados la semana pasada en las cercanías de la Base Aérea de Taura, correspondían a los cuatro menores desaparecidos forzosamente desde el pasado 8 de diciembre, en Guayaquil, tras ser detenidos por militares.
Más temprano, durante más de tres horas en la audiencia de formulación de cargos, el juez Dennis Ugalde aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva, por el presunto delito de desaparición forzada, para los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que participaron en la detención de cuatro menores en el sur de Guayaquil.
El delito de desaparición forzada está descrito en el artículo 84 del código penal ecuatoriano como el sometimiento, por parte de un agente del Estado, de privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona y está penado con 22 a 26 años de cárcel.
Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) habían sido reportados como desaparecidos el pasado 8 de diciembre, luego de ser detenidos por uniformados en Guayaquil.
Loffredo señaló esta semana ante la Comisión Permanente para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que la patrulla que aprehendió a los cuatro menores, el pasado 8 de diciembre, estaba de regreso a la base de Taura, “por lo que no fue parte de una operación”, mencionó.
Según el ministro de Defensa, “esto ocurrió en un contexto en el que el personal militar, integrante de la patrulla, procedió al cumplimiento de un deber ciudadano, a la aprehensión de los involucrados en un presunto de flagrancia”.
Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó como un “malhadado incidente” lo ocurrido con los cuatro menores.
La confirmación de la muerte de los menores ha causado indignación en Ecuador y en redes sociales circulan mensajes de condolencias y dolor.
Fernando Bastias, abogado de los familiares de los cuatro menores cuyos cuerpos sin vida fueron identificados este martes, cuestionó la labor de las Fuerzas Armadas del Ecuador y dijo que esta se realiza ‘al margen de la ley’, al no contar con los conocimientos para ello.
‘A propósito de estos operativos paralelos, que no teníamos conocimiento nosotros, que no tienen conocimiento los familiares, que no tienen conocimiento Fiscalía, y que por supuesto está en proceso investigativo, demuestra una vez más que la actuación de Fuerzas Armadas se está realizando en el margen de la ley y eso debería preocuparles a todos y a todas’, manifestó Bastias, representante del Comité Permanente de la organización de Derechos Humanos de Guayaquil.
