Con 7 votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de ley para desarticular la economía criminal, que envió el presidente Daniel Noboa este fin de semana a la Asamblea, con carácter económico urgente.
La decisión fue adoptada tras conocer el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa, el cual determinó que la iniciativa cumple con los requisitos formales establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El CAL resolvió remitir el proyecto a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá iniciar su tratamiento y, en un plazo máximo de 10 días, presentar el informe para primer debate con las observaciones correspondientes. Dentro de aquel tiempo se considerará un plazo no menor a 5 días para que los ciudadanos expongan sus argumentos, observaciones o aportes sobre la propuesta.
Noboa busca desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado.
Para ello, el mandatario aborda las sanciones a las personas que pertenezcan a grupos armados organizados (GDO), durante un Conflicto Armado Interno, que podrían acarrear penas de entre 22 y 26 años de prisión.
Así mismo, los líderes de estos grupos podrían enfrentar sanciones de pena privativa de libertad entre 26 y 30 años.
Además, las armas, explosivos, municiones y accesorios usados por los grupos criminales y que hayan sido decomisados, pasarán inmediatamente para uso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, Noboa busca que quienes cometan delitos relacionados con el conflicto armado interno no tengan medidas sustitutivas a la prisión preventiva, con el fin de garantizar su asistencia a los procesos judiciales correspondientes y el cumplimiento de las penas.
De igual manera, la propuesta establece que cuando un policía sea procesado o investigado por hechos relacionados con el cumplimiento de su deber, no se aplique la prisión preventiva, arresto domiciliario, ni la colocación de un dispositivo electrónico.
El uniformado deberá seguir trabajando y será su superior el encargado de verificar e informar que este siga dentro del país.
Por último, pretende establecer un procedimiento unificado para el juzgamiento de delitos cometidos durante un Conflicto Armado Interno, con siete reglas específicas que contemplan las etapas del proceso, la designación de jueces especializados, plazo de convocatoria y prohibición de diferimiento para las audiencias y demás.
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