Carla Álvarez: “Existe violencia porque hay instituciones débiles en el Ecuador”

La catedrática Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad hizo un análisis crítico sobre la situación de violencia que vive el país, marcada por la inseguridad y casos de sicariato que han conmocionado a la opinión pública: “la violencia existe porque hay instituciones débiles en el Ecuador”.

En entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, Álvarez cuestionó la ausencia de una política de seguridad impulsada desde el Estado, por lo que, a su juicio, crímenes como el ocurrido la mañana de este miércoles 28 de abril en el norte de Quito, en el que fue asesinado el jurista Harrison Salcedo, se han normalizado: “El sicariato es una especie de justicia paralela, que en muchos casos se asocia con la falta de confianza en la institucionalidad”.

Sobre esa base, la académica cuestionó que el actual gobierno haya eliminado el Ministerio del Interior, para transformarlo en Ministerio de Gobierno, delegando toda la agenda de seguridad a la Policía Nacional: “Los temas de seguridad no pueden tratarse solo desde el ámbito policial… Se precisa gestión y riqueza de análisis”, igualmente, mencionó el caso del Ministerio de Justicia, que fue suprimido, y el gobierno, en su lugar, creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para que asuma el manejo del sistema de Rehabilitación Social.

“El caso del Ministerio de Justicia es emblemático, porque evidencia el desmantelamiento de las instituciones relacionadas con la seguridad y hemos visto un crecimiento de la violencia en la cárceles”, sostuvo.

Mencionó también a la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) que fue eliminada y cuyas competencias de prevención fueron asumidas por el Ministerio de Salud, mientras las de combate al narcotráfico pasaron al Ministerio del Interior, hoy Gobierno.

Carla Álvarez consideró que el eje seguridad debe ser uno de los principales temas de preocupación del futuro gobierno de Guillermo Lasso, y advirtió que, si bien se precisa una colaboración internacional, no es posible por prohibición constitucional establecer otra vez bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.