El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado durante la madrugada de este jueves, 12 de febrero, a la cárcel Regional Cotopaxi, ubicada en Latacunga, luego de que un juez ordenara su prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada, en el que es investigado por presunta delincuencia organizada.
Según el reporte policial, citado por el canal Teleamazonas, el traslado se realizó pasadas las 00:30, bajo custodia de una caravana de seguridad que movilizó al funcionario desde Quito hacia el centro penitenciario.
Alvarez fue ingresado al área transitoria del reclusorio, en el espacio denominado “Domo”, sin que se registraran novedades durante el operativo.
La decisión judicial se produjo tras la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) lo ubique en un centro de privación de libertad que garantice su salud e integridad física.
De los 11 procesados en la investigación, solo Alvarez, sus hermanos y dos hombres más recibieron prisión preventiva. Mientras que cinco personas deberán presentarse periódicamente ante un juzgado y tienen prohibido salir del país; y un último implicado estará en arresto domiciliario, según precisó posteriormente la Fiscalía.
Se conoce que los otros cuatro procesados con orden de prisión preventiva fueron recluidos, en cambio, en la cárcel de Turi situada en Cuenca, al sur de Ecuador.
Fiscalía señala perjuicio cercano a USD 100 millones
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el caso Goleada está relacionado con un presunto esquema de comercialización irregular de combustibles que habría generado un perjuicio aproximado de USD 100 millones al Estado.
De acuerdo con la acusación, los procesados habrían estructurado un modelo empresarial que, mediante empresas vinculadas en el exterior, permitió desviar combustible destinado al segmento naviero nacional e internacional. Las investigaciones apuntan a una presunta organización que operó desde 2021 mediante distintos eventos relacionados con comercialización, pagos irregulares, manejo de bienes y eliminación de información.
Hasta el momento, en el sistema de la Función Judicial no se ha publicado información oficial sobre el traslado de los demás detenidos vinculados al proceso.
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