La Fiscalía General del Estado precisó que el juez anticorrupción del caso dispuso la prisión preventiva para cinco de los 11 detenidos en el marco del denominado caso Goleada, entre ellos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, Antonio y Xavier.
Para otras 5 personas se dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, y para uno más se ordenó el arresto domiciliario al tratarse de un adulto mayor.
Además, la inmovilización de las cuentas bancarias que todos los procesados mantienen en el Sistema Financiero Nacional. El alcalde Alvarez irá a la cárcel 4 de Quito.
La FGE fundamentó su solicitud en la necesidad de “neutralizar riesgos procesales”, señalando la existencia de un supuesto entramado societario complejo relacionado con la comercialización de combustible que habría evadido controles institucionales y generado actos de corrupción.
En los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, se concentraron decenas de personas para expresar su respaldo al alcalde Alvarez.
Defensa del alcalde cuestiona origen de la investigación
Más temprano, Ramiro García, abogado defensor del alcalde de Guayaquil, sostuvo que el caso se origina en una denuncia anónima y que la principal evidencia presentada corresponde a pericias sobre conversaciones de mensajería. Según indicó, el expediente incluye “150.000 páginas de chats, de conversaciones coloquiales de quienes hacen parte de una empresa y de un negocio”.
El jurista también señaló que su defendido ha cumplido con las medidas dispuestas previamente, entre ellas la presentación periódica ante la Fiscalía, y aseguró que no existirían fundamentos suficientes para dictar prisión preventiva.
Detenciones y traslado a Quito
Las 11 personas investigadas fueron detenidas en operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional en Guayaquil y Samborondón, y posteriormente trasladadas a Quito para la audiencia de formulación de cargos. El juez de la causa declaró la legalidad de las detenciones.
Según la Fiscalía, el caso Goleada investiga una presunta red de operaciones societarias vinculadas a la comercialización de combustible, que habría generado delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
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