Los abogados del alcalde de Guayaquil aseguraron que la audiencia se desarrolló sin condiciones adecuadas para ejercer la defensa técnica y anunciaron acciones legales y constitucionales.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció que la audiencia convocada dentro del denominado caso Grillete se desarrolló sin las garantías necesarias para ejercer plenamente el derecho a la defensa, por lo que decidió retirarse de la diligencia.

En un pronunciamiento público, los abogados rechazaron que su salida de la audiencia haya sido voluntaria y sostuvieron que la decisión respondió a la imposibilidad jurídica y material de continuar participando en un proceso que, a su criterio, vulneró principios constitucionales.

“Es incorrecto afirmar que abandonamos voluntariamente la audiencia. Nuestra decisión de retirarnos respondió a la imposibilidad jurídica y material de continuar interviniendo en una diligencia que dejó de ofrecer las garantías indispensables para ejercer una defensa técnica conforme a la Constitución”, señala el comunicado.

Cuestionan tiempo para preparar la defensa

Los abogados argumentaron que la nueva convocatoria fue fijada con un plazo insuficiente para reunirse presencialmente con su defendido, revisar el expediente y estructurar la estrategia jurídica correspondiente.

Según la defensa, la propia autoridad judicial había reconocido previamente la necesidad de garantizar ese espacio, tomando en cuenta las limitaciones derivadas de la privación de libertad de Alvarez.

El equipo jurídico sostiene que esas condiciones no pudieron cumplirse antes de la audiencia.

Objeciones sobre competencia e imparcialidad

Durante la diligencia, los defensores también presentaron objeciones relacionadas con la competencia de la autoridad judicial y cuestionaron las garantías de imparcialidad, seguridad jurídica y juez competente.

De acuerdo con el pronunciamiento, ninguna de estas observaciones fue aceptada por la jueza encargada del caso.

“La Corte Constitucional ha sido clara al señalar que la celeridad procesal no puede imponerse sobre el derecho a la defensa; la rapidez en la tramitación de un proceso jamás puede justificar la restricción de garantías fundamentales”, indicaron.

Rechazan eventual designación de defensa pública

La defensa de confianza también expresó preocupación ante la posibilidad de que se designe un defensor público sin que existan las mismas condiciones de tiempo y preparación que, según sostienen, les fueron negadas.

Los abogados consideran que permanecer en la audiencia habría significado legitimar actuaciones incompatibles con los principios constitucionales y los estándares internacionales sobre debido proceso. “No vamos a convalidar actuaciones que comprometan derechos fundamentales”, afirmaron.

Anuncian nuevas acciones legales

El equipo jurídico adelantó que utilizará todos los mecanismos legales y constitucionales disponibles para exigir que el proceso se desarrolle con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

Finalmente, señalaron que la ciudadanía debe conocer el contexto completo de lo ocurrido y no únicamente una versión parcial de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre el contenido del nuevo comunicado emitido por la defensa del alcalde de Guayaquil.