El juez Giovanny Freire llamó a juicio a siete personas señaladas por la Fiscalía como presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La audiencia estuvo marcada por una amenaza de bomba en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El juez Giovanny Freire llamó a juicio a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos, acusados por la Fiscalía como presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
La resolución se conoció este jueves, 5 de noviembre, durante una audiencia desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, que debió suspenderse temporalmente por una amenaza de bomba.
El magistrado consideró que la Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción para que los siete acusados enfrenten la etapa de juzgamiento por el delito de asesinato, bajo las circunstancias previstas en los numerales 9 y 10 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Quiénes son los siete llamados a juicio?
La decisión judicial comprende a cuatro personas vinculadas con actividades políticas o investigadas en otros procesos penales y a tres presuntos dirigentes de Los Lobos.
- José Serrano: exministro del Interior, señalado por la Fiscalía como presunto participante en la planificación del crimen y en la obtención de información sobre la seguridad de Villavicencio.
- Xavier Jordán: investigado como presunto impulsor y financista del asesinato.
- Ronny Aleaga: exasambleísta, señalado como supuesto articulador entre actores políticos y la estructura criminal.
- Daniel Salcedo: acusado de presuntamente facilitar contactos y aspectos logísticos de la operación.
- Wilmer Chavarría, alias Pipo: identificado como cabecilla de Los Lobos y presunto responsable de dirigir la operación criminal.
- Esteban Aguilar, alias Lobo Menor: señalado por una supuesta participación en la coordinación operativa del atentado.
- Luis Arboleda, alias Gordo Luis: investigado como presunto intermediario en la financiación y contratación de los ejecutores.
Juez considera que existen elementos suficientes para el juicio
Durante la lectura de su resolución, Freire examinó testimonios, comunicaciones electrónicas, informes policiales, pericias y documentación financiera presentados por la Fiscalía.
El magistrado sostuvo que estos elementos, analizados en conjunto, permiten establecer conexiones relevantes entre la planificación, financiación y coordinación del asesinato y las conductas atribuidas individualmente a los procesados. No obstante, aclaró que la gravedad del crimen, por sí sola, no justifica enviar a una persona a juicio.
Según su análisis, la investigación reúne elementos suficientes y jurídicamente utilizables para que las acusaciones sean debatidas ante un Tribunal de Garantías Penales.
Fiscalía investiga presuntos pagos de hasta USD 1 millón
Entre los elementos revisados por el juez constan referencias a un posible financiamiento del asesinato que habría comenzado con una cifra de USD 200.000 y posteriormente alcanzado USD 1 millón. La defensa de Xavier Jordán presentó una respuesta del Banco del Austro en la que no se identificó una operación por ese monto.
Sin embargo, Freire señaló que la ausencia de ese movimiento bancario no descarta otras posibles modalidades de entrega del dinero, como pagos mediante intermediarios o entregas directas.
El juez también consideró relevantes los mensajes extraídos de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero, correspondientes a 2022, en los que aparecen referencias a Villavicencio, Jordán y Aleaga.
En cuanto a José Serrano, mencionó el testimonio del expolicía Ronald Herrera sobre una presunta videollamada de julio de 2023, durante la cual el exministro habría solicitado información sobre los desplazamientos y la seguridad del entonces candidato presidencial.
Juez excluye dos testimonios contra cabecillas de Los Lobos
La resolución también incluyó una decisión desfavorable para la Fiscalía. Freire excluyó como pruebas de cargo, respecto de los tres cabecillas de Los Lobos, los testimonios anticipados de Marcelo Lasso y Lenin Vimos.
El juez explicó que esas declaraciones fueron recibidas antes de que Wilmer Chavarría, Esteban Aguilar y Luis Arboleda fueran vinculados al proceso. Por esa razón, sus abogados no tuvieron oportunidad de interrogar a los testigos, lo que afectó el ejercicio del derecho a la defensa.
El magistrado aclaró que la exclusión no constituye una valoración sobre la veracidad de las declaraciones, sino una decisión relacionada con las garantías del debido proceso.
Prisión preventiva ratificada y juicio suspendido para tres procesados
El juez mantuvo la prisión preventiva contra los siete acusados y ratificó las órdenes de localización y captura correspondientes. También dispuso conservar la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias.
Sin embargo, el juzgamiento de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría, alias Pipo, permanecerá suspendido hasta que puedan comparecer ante la justicia ecuatoriana.
Jordán se encuentra bajo custodia migratoria en Estados Unidos, mientras que alias Pipo permanece detenido en España, donde enfrenta un procedimiento relacionado con su extradición.
Aleaga, por su parte, permanece fuera del alcance de las autoridades ecuatorianas. El expediente será remitido para el sorteo del Tribunal de Garantías Penales que deberá conocer el caso.
Amenaza de bomba interrumpió la audiencia en Quito
La lectura de la resolución fue interrumpida alrededor de las 09:37, después de que se alertara sobre una mochila sospechosa abandonada en el ingreso principal del Complejo Judicial Norte. La Policía activó los protocolos de seguridad y ordenó la evacuación de funcionarios y usuarios del edificio.
Según el comandante policial Patricio Almendáriz, las cámaras de seguridad registraron a una persona que dejó la mochila en el acceso al complejo.
Durante la inspección, los agentes encontraron materiales explosivos y componentes que, de acuerdo con la información policial, podían permitir su detonación.
Las unidades especializadas intervinieron para neutralizar la amenaza. Además, se inspeccionaron otros objetos sospechosos dentro del edificio.
La diligencia se reanudó aproximadamente a las 10:56, cuando el juez retomó la lectura desde otro espacio por razones de seguridad. El Consejo de la Judicatura rechazó los actos de intimidación contra la administración de justicia.
La Policía mantiene abierta la investigación para identificar a la persona que abandonó el objeto sospechoso y determinar las circunstancias del incidente.
