El juicio del caso Las Malvinas llega a su etapa final. El Tribunal Penal convocó para este lunes, 22 de diciembre, la reinstalación de la diligencia en la que se dará a conocer la resolución contra los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) acusados del delito de desaparición forzada.
En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó una condena de 34 años y ocho meses de prisión para 11 uniformados en calidad de autores directos; siete años y ocho meses para un teniente coronel señalado como cómplice, y 30 meses de cárcel para cinco procesados que se acogieron a la cooperación eficaz.
La audiencia se desarrollará de forma telemática y presencial en la Unidad Judicial Penal Albán Borja. En ese lugar, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) convocó a un plantón desde las 08:00. Familiares y allegados de Josué, Ismael, Nehemías y Steven se concentrarán para esperar la decisión del Tribunal.
Los cuatro menores de edad desaparecieron la noche del 8 de diciembre de 2024, tras ser aprehendidos por la patrulla militar Tango Charlie en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Según la investigación, los uniformados los detuvieron por una supuesta alerta de robo y los trasladaron hasta la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, donde presuntamente los abandonaron con vida.
Sin embargo, los adolescentes nunca regresaron. Sus restos carbonizados fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar. Inicialmente el caso fue denunciado como secuestro, pero tras la emisión de un habeas corpus pasó a investigarse como desaparición forzada.
El fiscal del caso sostuvo que el delito se configuró al trasladar a los menores a una zona rural sin notificar a sus padres, no ponerlos a órdenes de la Policía Nacional, obligarlos a desnudarse y abandonarlos en un sector considerado de alto riesgo por la presencia de grupos armados.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó más de 100 pruebas documentales. Además, los cinco cooperadores eficaces relataron golpes, amenazas y torturas contra los adolescentes tras su aprehensión. Los informes forenses revelaron fracturas, huellas de disparos y múltiples moretones en los cuerpos.
En la jornada de este lunes, el Tribunal Penal emitirá su sentencia y definirá si acoge el pedido de Fiscalía, que incluye una reparación simbólica de USD 10.000 para las familias de las víctimas y el pago de 800 salarios básicos unificados al Consejo de la Judicatura. Por su parte, la acusación particular solicitó que cada uno de los uniformados indemnice con USD 100.000 a los familiares de los menores.
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