La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó allanamientos en las oficinas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa), en la ciudad de Loja, la tarde del 26 de diciembre, como parte de una investigación penal relacionada con los contratos suscritos con la empresa Progen y el Consorcio Térmica Catamayo.
La diligencia busca recopilar indicios y documentación que permitan esclarecer posibles irregularidades en estos procesos contractuales. La Contraloría General del Estado (CGE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que la intervención se enmarca en un examen especial que el organismo de control realiza dentro de sus competencias, luego de analizar los contratos firmados por la empresa eléctrica.
Uno de los contratos bajo investigación se firmó el 26 de julio de 2024, en un contexto de inminente estiaje. En ese acuerdo, Eerssa comprometió $ 20,1 millones con Progen para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, ubicada en la provincia de Loja. Posteriormente, se suscribieron otros dos contratos vinculados a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Según los términos contractuales, Progen debía instalar en un plazo de 180 días nuevas soluciones de generación termoeléctrica por 15 megavatios. No obstante, las autoridades detectaron varios incumplimientos, entre ellos el inicio tardío de la obra, que comenzó dos meses después de la firma, el uso de motores fabricados en 2023 y el incumplimiento del cronograma que establecía que la nueva generación debía entrar en operación en febrero de 2025.
Ante estos hechos, el Gobierno ecuatoriano presentó una demanda civil contra Progen en una Corte del distrito medio de Florida, en Estados Unidos, por incumplimientos en los contratos firmados con Celec. En la acción legal, el Estado solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como una compensación equitativa por presuntos actos de fraude, enriquecimiento injusto y violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida, además de una supuesta conspiración para causar un daño sustancial a la empresa pública.
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