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Caso Purga: prisión preventiva para 9 de 12 procesados

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción en el caso Purga, el Juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva por presunta delincuencia organizada para nueves de los 12 procesados: el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G., los jueces de Guayas Johann Gustavo M., Nelson P., Lino R., Henry T., Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A.

Para el juez Reinaldo C. dictó arresto domiciliario, por ser mayor de 65 años. Mientras que, para Mónica A. (esposa del exasambleísta) y Saúl M. dispuso presentación una vez por semana ante la autoridad competente y prohibición para salir del país.

El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, por un valor de $ 3,9 millones; y dispuso la retención de las cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.

Los procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado junto a la Policía Nacional, la madrugada del 4 de marzo de 2024. Allí, se realizaron 43 allanamientos, especialmente en Guayaquil y Samborondón.

La audiencia de formulación de cargos

La fiscal general Diana Salazar explicó al juez de la causa que este es un claro ejemplo de “la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada”.

Aseguró que al mando de este grupo estaría Pablo M., quien, durante su cargo como asambleísta, habría establecido nexos con María Fabiola G. y Johan Gustavo M., y habría contratado a Mayra S. (Procesada en el caso Metástasis) para controlar decisiones desde la Corte de Justicia del Guayas.

La Fiscalía señaló que los elementos de convicción que presentó fueron suficientes para el juez Javier de la Cadena dicte las medidas cautelares y señale el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

Diana Salazar solicitó al magistrado que vigile que los procesados no vayan a celdas donde puedan reunirse con quienes están involucrados por el caso Metástasis.

El juez Javier de la Cadena dispuso que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai), determine el recinto carcelario para que cumplan con la prisión preventiva.

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