El alcalde de Guayaquil declaró de forma telemática desde la Cárcel del Encuentro y respondió a las acusaciones por presunta comercialización ilegal de combustibles. La denunciante que originó el caso tampoco compareció al juicio y el Tribunal fijó el 2 de agosto para el inicio de los alegatos finales.
La Fiscalía General del Estado y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) no formularon preguntas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante su testimonio en el juicio del caso Triple A, este domingo.
La diligencia también estuvo marcada por la ausencia de Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la ARCH cuya denuncia dio origen a la investigación. Al concluir la jornada, el Tribunal suspendió la audiencia hasta el 2 de agosto, cuando comenzará la etapa de alegatos finales.
Por su parte, Álvarez compareció de manera telemática desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, luego de que el Tribunal negara el pedido de su defensa para asistir presencialmente al Complejo Judicial Norte de Quito.
Durante su intervención explicó aspectos técnicos de la investigación y defendió su actuación como representante legal de las empresas vinculadas al proceso por la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles.
Cuestionó la ausencia de la denunciante
Al inicio de su testimonio, Álvarez criticó que Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la ARCH y autora de la denuncia que dio origen al caso en julio de 2024, no compareciera ante el Tribunal.
“Que la señora Nicole Bermúdez, quien puso la denuncia, no comparezca a rendir versión es algo que a todos nos preocupa”, afirmó.
El alcalde también aseguró que Bermúdez presentó la denuncia bajo presiones del entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, José Manuel de Oliveira, quien, según dijo, actuó por instrucciones del exsecretario general de Integridad Pública, José Julio Neira.
Incluso sostuvo que el nombre Triple A fue definido antes de estructurar la investigación y que hacía referencia a “Aquiles Álvarez Alcalde”.
Álvarez reiteró que el control sobre el destino final de los combustibles corresponde al Estado y no a las empresas comercializadoras.
Además, aseguró que las compañías involucradas cuentan con permisos vigentes emitidos por Petroecuador desde 2021 y afirmó que siempre operaron dentro del marco legal.
También defendió a Copedesa y sostuvo que la empresa dispone de todas las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades.
La defensa cuestionó la actuación de la Fiscalía
Antes de la declaración del alcalde, los abogados de varios procesados continuaron presentando pruebas y reiteraron sus cuestionamientos a la teoría de la Fiscalía.
Las defensas sostuvieron que existen inconsistencias en los registros de venta de combustibles atribuidos a determinadas estaciones de servicio. Además, solicitaron la comparecencia de testigos que consideran fundamentales para esclarecer los hechos.
Por su parte, Ramiro García, abogado de Álvarez, afirmó que la diligencia era la oportunidad para que la Fiscalía, la ARCH y Petroecuador formularan preguntas al alcalde sobre los hechos investigados.
“El alcalde aceptó ser interrogado sin límites”, escribió García, quien añadió que los representantes de esas instituciones “se negaron a hacer una sola pregunta”.
El Tribunal también negó el pedido de una de las empresas procesadas para que el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, rindiera testimonio. El organismo consideró que Alarcón participó en etapas previas de la investigación y que la normativa le impide actuar como testigo en la misma causa.
Tribunal suspendió la audiencia
Antes del testimonio del alcalde, las defensas de otros procesados presentaron pruebas y cuestionaron la teoría de la Fiscalía. El Tribunal también rechazó el pedido de una de las empresas procesadas para que el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, rindiera testimonio, al considerar que participó en etapas previas de la investigación.
Finalmente, suspendió la audiencia y convocó a las partes para el próximo 2 de agosto, cuando se instalará la fase de alegatos finales.
¿Qué investiga el caso Triple A?
La Fiscalía investiga en el caso Triple A una presunta red dedicada al almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.
Según el organismo, en el proceso están involucradas 15 personas naturales y seis personas jurídicas. La investigación sostiene que el esquema habría permitido desviar derivados de hidrocarburos hacia actividades no autorizadas, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.
Otras causas judiciales
Las próximas semanas también serán clave para la situación judicial del alcalde de Guayaquil. En el caso Goleada, el martes 28 de julio está prevista la audiencia de recusación presentada contra el juez Jairo García. Después, desde el 3 de agosto, se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio. En el caso Grillete, el juicio está programado para iniciar el miércoles 29 de julio.
Post relacionados
